El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado por las asociaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos.

Concretamente, la norma, un compromiso asumido por los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, solo se aplica en los tribunales militares de Cisjordania, que solo juzgan a acusados palestinos, ya que los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles.
Los tribunales militares de Cisjordania ya pueden imponer la pena de muerte a los condenados palestinos, pero nunca lo han hecho.

La medida, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, incluye disposiciones que exigen la ejecución en la horca en un plazo de 90 días desde la sentencia, con cierta flexibilidad para retrasarla, pero sin derecho a clemencia ni a la opción de imponer una pena de cadena perpetua en lugar de la pena capital.
Israel abolió la pena de muerte en 1954. La única persona ejecutada en Israel tras un juicio civil fue Adolf Eichmann, uno de los artífices del Holocausto nazi, en 1962.

El texto, aprobado por 64 votos frente a 48, prevé formalmente que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares.

Además limita enormemente la discreción judicial, permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte.

La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de apelación.

Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo a posteriori.

“Un acto de violencia racista”
Las principales organizaciones de derechos humanos del país condenaron la ley como “un acto de discriminación institucionalizada y violencia racista contra los palestinos” del Estado de Israel.

“El paso de la ley de pena de muerte es una expresión más del abismo moral en el que el Estado de Israel y su sistema legal se han hundido”, recoge el comunicado conjunto de nueve asociaciones, entre ellas la prestigiosa B’Tselem, Médicos por los Derechos Humanos o el centro legal Adalah.

“Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes, pisa el principio del derecho a un juicio justo, mina la posibilidad de descubrir errores judiciales o confesiones falsas, incluyendo confesiones extraídas con tortura”, denuncian.
Los firmantes de la denuncia aseveran además que la norma va contra la tendencia global de abolir la pena capital, la cual viola el derecho internacional y las propias obligaciones de Israel respecto a las leyes de ocupación, puesto que la norma se aplica en Cisjordania, territorio palestino fuera de la soberanía israelí.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés) presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la ley justo después de su aprobación en la Knéset, aludiendo a dos argumentos legales: el Parlamento de Israel no tiene soberanía sobre Cisjordania, territorio palestino ocupado; y que la propia ley es inconstitucional al violar el derecho a la vida, a la dignidad humana, a un proceso con las debidas garantías y la igualdad.
Incluso antes de la votación, el proyecto de ley suscitó críticas por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, quienes afirmaron que tenía un carácter “de facto discriminatorio” hacia los palestinos y socavaba los principios democráticos de Israel. Por su parte, un grupo de expertos de la ONU señaló que el proyecto de ley incluye definiciones vagas de “terrorista”, lo que significa que la pena de muerte podría imponerse por “conductas que no son genuinamente terroristas” por naturaleza.

Abás: “Una violación flagrante del derecho internacional”
El presidente palestino, Mahmud Abás, condenó la legislación como una “violación flagrante del derecho internacional humanitario” y un intento condenado al fracaso destinado a intimidar a los palestinos.

“Tales leyes y medidas no quebrantarán la voluntad del pueblo palestino ni socavarán su firmeza”, dijo un comunicado de la Presidencia difundido por la agencia oficial palestina, Wafaz. “Tampoco les disuadirán de continuar su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.

Los grupos milicianos Hamás y la Yihad Islámica llamaron a los palestinos a lanzar ataques en venganza por la ley. Hamás aseveró en un comunicado que la ley constituye un “peligroso precedente” para los palestinos que se encuentran en cárceles israelíes.