El alcalde de Amorebieta se sumó ayer al reclamo realizado por los diferentes partidos con representación en el Ayuntamiento y por los propios vecinos para que la Diputación aplique un mayor control sobre los menores del centro de primera acogida de inmigrantes del barrio Ibarguren. David Latxaga declaró que en las reuniones mensuales que técnicos municipales mantienen con representantes del departamento de Acción Social, la última de ellas el pasado mes de agosto, siembre les instan a que se cumplan los compromisos acordados coincidiendo con su apertura, a primeros de febrero.

Entre los aspectos acordados, en los que se volvió a insistir tras el incendio que provocó un interno en marzo, figura la implantación de un programa de actividades de ocio y educativas, con el fin de que los jóvenes pasen la mayor parte del día ocupados.

En este sentido, fuentes forales indicaron hace unos días que los menores están tan ociosos en esta época «como los chavales de su edad hasta que comience el curso escolar y las clases en el Centro de Iniciación Profesional», cuya asistencia no es obligatoria. Asimismo, señalaron que, aunque colaboran en las tareas domésticas, «con todos los que son, acaban pronto».

A este respecto, admitieron que el número de menores acogidos ronda los setenta, – cifra que varía de forma continua – si bien las instalaciones tienen una capacidad para medio centenar, cuestión en la que también incidieron desde la Administración local. «Llegan muchos y no se les puede dejar en la calle», argumentaron desde la Diputación. En el acuerdo, también quedaron en hacerles ver la necesidad de utilizar chalecos reflectantes para reducir el riesgo que conlleva transitar por el arcén de la carretera N 634, en el tramo que les separa al centro del municipio.

Latxaga insistió en que hacen «todo lo posible» para que se cumplan los compromisos alcanzados. «Otra cosa es la respuesta», comentó. No obstante y consciente del problema que supone la atención de los menores inmigrantes, ante su masiva llegada, señaló que hay que darle una oportunidad a la Diputación, si bien aseguró, sin establecer plazos, que «si no se soluciona, ya veremos lo que se puede hacer».