Amin* llegó a España desde Jordania con la ilusión de cursar un doctorado, con un seguro médico y con todo en regla para su visado de estudiante. Pero en marzo de 2025 su salud empezó a fallarle. Acudió a los servicios de su aseguradora privada, pero la atención fue insuficiente. Sus síntomas empeoraron y terminó ingresado en urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde pasó 40 días y fue sometido a una compleja operación cardíaca. Cuando parecía que lo peor había pasado, llegó la sorpresa: en julio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le reclamó 29.259,09 euros por la asistencia recibida.

La factura ignoraba que el paciente ya tenía un tercero obligado al pago, su aseguradora privada, cuya póliza había sido presentada al hospital al momento del ingreso. El pago, por tanto, no le correspondía a Amin.
Desde Accem, organización que asesoró y ayudó al joven, explican que la póliza del paciente estaba vigente en el momento de los hechos y que su enfermedad se trataba de un “riesgo vital”. “Existen sentencias que permiten a la sanidad pública intervenir en casos así. Cuando hay un seguro privado obligado a cubrir la asistencia, éste debe asumir la responsabilidad. No se puede negar el pago alegando falta de acuerdo, por eso recurrimos la factura”, explica Esther Peña, que forma parte del Servicio de Orientación y Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica de Accem, en conversación con Público.

Aun así, la Junta de Andalucía y el hospital derivaron la factura directamente al afectado, desoyendo la documentación presentada sobre el tercero responsable. “Se hizo caso omiso de la normativa aplicable. Por eso interpusimos un recurso, que finalmente se resolvió favorablemente”, explican desde Accem.

Paralelamente, la organización reclamó a la aseguradora privada, adjuntando toda la documentación del ingreso y la cirugía, pero esta rechazó la autorización para su derivación a la sanidad pública, a pesar de tratarse de una situación de urgencia vital.

El caso se acabó solucionando a favor del paciente. El recurso ante el SAS permitió que se reconociera el derecho del paciente a la cobertura sanitaria pública y se declarara improcedente la factura, que acabó pagando el seguro privado. “Estas resoluciones favorables permiten visibilizar este tipo de actuaciones discriminatorias, por parte de la Administración en este caso u otros agentes, así como permiten contribuir al empoderamiento de la víctima y cumplir con la finalidad prioritaria del Servicio”, apunta Accem en un comunicado.

Cobrar a refugiados por los servicios de urgencias
Según denuncia la organización, estos incidentes no son aislados. “Ocurre con frecuencia. Hemos visto otros casos similares con facturación de urgencias a personas refugiadas”, apuntan. Esto ocurre a pesar de que en el momento en que se alcanza el estatus de refugiado estas personas pasan a ser extranjeros con residencia legal, lo que les da acceso al sistema sanitario público como cualquier residente.

“La ley de asilo establece claramente que tienen derecho a asistencia con cargo a fondos públicos, pero los hospitales a veces siguen facturando al paciente, especialmente si no cumplen ciertos requisitos administrativos como empadronamiento o tiempo de estancia”, denuncia Peña, que añade que la forma de actuar también depende de cada comunidad autónoma y de su “color político”.

El Gobierno aprobó hace unas semanas en el Consejo de Ministros un real decreto que restaura el acceso universal a la sanidad pública y gratuita. Con él, también pretenden corregir las desigualdades a la hora de operar entre los territorios. Así, el Ejecutivo ha asegurado que con la medida buscan “reforzar la seguridad jurídica, la cohesión territorial y la aplicación homogénea del derecho en todo el Estado”.
Hasta ahora, esta disparidad de criterios entre comunidades autónomas generaba desigualdades en el acceso de las personas no registradas como residentes. Si bien, para acogerse a esta cobertura el solicitante debe manifestar que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde su país de origen y que no hay terceros obligados al pago de su asistencia.

*Nombre ficticio para preservar su anonimato