María Teresa Fernández de la Vega confirmó ayer que el Gobierno está preparando una propuesta para cambiar la Ley de Extranjería, dentro de las medidas previstas para combatir la inmigración ilegal. Según dijo, es «posible» que se produzca ese cambio legal.

La vicepresidenta primera explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la propuesta será formulada a los grupos parlamentarios a partir de la próxima semana. En esa reforma podría incluirse la ampliación del plazo máximo de 40 días de internamiento para los inmigrantes ilegales, tal y como informó ayer EL MUNDO.

En este momento, una vez transcurrido ese plazo es obligada la puesta en libertad de los inmigrantes. El objetivo ahora será el de permitir que pueda llevarse a cabo con más tiempo la labor de identificación, previa a la repatriación de los irregulares.

Se trata de endurecer la ley, aunque la portavoz del Gobierno prefirió asegurar que el objetivo es hacerla más eficaz.

El Gobierno pretende cerrar con los grupos un pacto de Estado sobre la inmigración para sacar este asunto de la confrontación política. De la Vega explicó que el PSOE ya lo propuso cuando estaba en la oposición.

La vicepresidenta se entrevistó antes del Consejo de Ministros, como cada viernes, con los ministros afectados por la inmigración y los secretarios de Estado, y luego hizo un informe en la reunión del Gobierno.

Acuerdo con Senegal

Explicó que la política del Gobierno tiene tres objetivos: control de fronteras, apoyo de la Unión Europea y acuerdos de repatriación. Según indicó, consiste en hacer que los inmigrantes ilegales sean enviados a sus países de origen en el menor tiempo posible.

«Que haya menos viajes de ida y más viajes de vuelta a Senegal», aseguró María Teresa Fernández de la Vega.

Sobre las agitadas relaciones con este país africano, la vicepresidenta prefirió utilizar ayer un tono conciliador, más allá del malestar que han provocado en el Gobierno algunas actuaciones de Senegal impidiendo, por ejemplo, las repatriaciones.

«Senegal es parte de la solución, no es el problema», alegó.

La número dos del Gobierno aseguró que las autoridades de Senegal le pidieron «respeto a los asuntos internos».

No lo explicó, pero se refería al hecho de que en febrero hay elecciones en Senegal y el actual Gobierno quiere evitar problemas con los inmigrantes repatriados.

Por eso, Fernández de la Vega hizo un llamamiento a los «dirigentes políticos para que con sus declaraciones no alimenten tensiones innecesarias».