El subdelegado del Gobierno en Barcelona confirma que ha citado a 2.340 inmigrantes para que se regularicen si tienen un contrato El PP pedirá la comparecencia urgente del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para que explique la instrucción de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona en la que se da una segunda oportunidad a los inmigrantes que presentaron su solicitud en la regularización de 2005, pero quedaron apeados del proceso.

Así lo aseguró ayer la secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, quien censuró que el Gobierno esté realizando una repesca para que los extranjeros puedan conseguir los papeles, sin publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni informar a los grupos parlamentarios, sino a través de cartas particulares.

«El Gobierno está vulnerando el Reglamento de Extranjería. Dicen que no van a realizar más regularizaciones y hacen una repesca. Queremos que Caldera explique a cuántos inmigrantes no se les ha dado de alta en la Seguridad Social. Este Gobierno ha dicho que donde había ilegalidad iba a poner legalidad y donde había desorden iba a poner orden, pero nunca he visto más desorden e ilegalidad», manifestó Pastor. En su opinión, el Ejecutivo está tomando medidas a escondidas de los ciudadanos y de los inmigrantes y criticó la descoordinación existente, puesto que la instrucción sólo está en vigor en Cataluña, pero no en Madrid o en la Comunidad Valenciana.

La iniciativa puesta en marcha por la Subdelegación del Gobierno de Barcelona afecta a aquellos inmigrantes que no se pudieron regularizar porque no fueron dados de alta en la Seguridad Social por parte del empleador, o porque la compañía que les iba a contratar tenía deudas. Un año después, los irregulares que encuentren ahora una empresa que les contrate conseguirán los papeles.

El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, negó ayer que se esté realizando «una repesca» o «rebajas», sino que explicó que se están terminando de cerrar los expedientes abiertos en 2005 durante el proceso extraordinario.

Planells confirmó que aquellos extranjeros que no pudieron legalizar su situación por culpa de sus empresas, lo podrán hacer hasta principios del próximo mes de octubre, según informa Europa Press. Sin embargo, el proceso de regularización terminó el 7 de mayo de 2005, es decir, hace un año y cuatro meses, y uno de los requisitos para conseguir la autorización de residencia era que el empresario diese de alta al inmigrante en la Seguridad Social.

Es más, la guía de información elaborada por el Ministerio de Trabajo decía textualmente: «En el plazo de un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya efectuado el requisito de afiliación y/o alta en la Seguridad Social, la autorización perderá su efecto».

Según informó Planells, podrán acogerse a esta prórroga de la regularización unos 2.340 inmigrantes, después de que ya lo hayan hecho otros 1.360 en los últimos meses. La Subdelegación ha citado a 1.100 inmigrantes a los que se les aprobó provisionalmente su expediente de regularización para un mes, pero que sus empresas no dieron de alta en la Seguridad Social. Otros 1.240 extranjeros no lograron los papeles porque sus compañías tenían deudas. Por su parte, la Asociación Papeles para Todos consideró que «esta regularización es un reconocimiento tácito de que muchos inmigrantes se quedaron sin permisos por causa de su empleador».