Los grupos conservadores de la Eurocámara lograron sacar adelante el jueves la directiva comunitaria de retornos, que endurece la propuesta de la Comisión Europea y avala el ‘modelo Meloni’, impulsado por la primera ministra italiana y que apuesta por la creación de centros de detención para migrantes en terceros países. La normativa recibió 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones y ahora deberá ser negociada con los Veintisiete antes de ser ratificada de forma definitiva.

El Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas y los grupos Patriotas por Europa y Europa de las Naciones Soberanas respaldaron el texto, mientras que los socialdemócratas, los verdes y La Izquierda votaron en contra. La normativa también recibió el rechazo de las ONG, que la consideran una traición a los valores del Viejo Continente.

El comisario europeo de Interior, el conservador austríaco Magnus Brunner, subrayó la importancia de esta regulación con la que el bloque comunitario quiere acelerar la salida de los migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. «Los retornos efectivos de quienes no tienen derecho a quedarse son una parte importante de un sistema de gestión migratoria creíble. Con el voto hoy del Parlamento, estamos un paso más cerca de conseguir las herramientas que necesitamos para poder responder a ello», afirmó.

El punto más polémico de la iniciativa es la posibilidad de que los Estados miembros puedan deportar a migrantes a centros de retorno situados en terceros países considerados «seguros» por la UE, con los que se haya logrado un acuerdo bilateral o europeo. La normativa defiende, así, el ejemplo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que envió migrantes a Albania, una decisión que tumbaron varios tribunales de ese país.

Detención durante 24 meses
A diferencia del texto presentado por la Comisión Europea, el reglamento aprobado por el Parlamento introduce nuevas obligaciones para que los nacionales de terceros países cooperen con las autoridades migratorias. También permite su detención durante un máximo de veinticuatro meses –incluso más en determinadas condiciones– y prevé un reconocimiento mutuo reforzado de las decisiones de retorno en toda la UE.

Una vez adoptado el texto, tuvo lugar la primera ronda de conversaciones entre la Comisión Europea, el Consejo y la Eurocámara. El equipo negociador del Parlamento espera que este diálogo pueda resolverse «relativamente rápido». El objetivo de los grupos políticos es dar un impulso para que la directiva esté vigente a mediados del próximo junio, cuando entre en vigor el Pacto de Migración y Asilo de la UE, que endurece las condiciones para que los migrantes entren en territorio comunitario y acelera las devoluciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Estados miembros como Dinamarca o Italia han sido los promotores de esta nueva política de retornos dentro de la UE. La política alemana fue quien propuso endurecer la regulación de las devoluciones al comprobar que las capitales europeas que exigían la modificación de esta norma crecía, al calor del avance de la ultraderecha y los populismos.

Las instituciones esperan que la directiva esté vigente a tiempo para la aplicación del Pacto de Migración y Asilo
La nueva regulación también plantea normas específicas para extranjeros que supongan un riesgo para la seguridad nacional de un Estado miembro. Los países europeos estarán obligados a determinar en una fase temprana del proceso si una persona representa tal amenaza y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, estos individuos serán obligados a abandonar la UE, tendrán prohibido entrar a territorio comunitario y podrán ser detenidos durante veinticuatro meses bajo orden judicial.