Con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, los eurodiputados han aprobado este jueves la creación de una nueva normativa que da capacidad a los Estados miembros de deportar a migrantes a los llamados «centros de retorno» en terceros países, siempre y cuando se haya suscrito previamente un acuerdo y se respete el principio de no devolución.

Se blinda de este modo el polémico modelo impulsado por Italia, país que sufre una gran presión migratoria desde el Mediterráneo y que en 2024 construyó centros de retorno en Albania para enviar a migrantes que en la actualidad están inutilizados por diversas decisiones judiciales.

En estos centros, los terceros países estarán obligados a respetar los derechos humanos y no estará permitido el internamiento de menores no acompañados.

Cooperación y aumento del internamiento

La nueva norma exige a los migrantes «cooperar activamente» en su proceso de retorno y, si estos no lo hicieran, se podrán imponer sanciones que van desde la retirada de prestaciones sociales y permisos de trabajo hasta sanciones penales que incluyen el encarcelamiento.

También se permite la detención de migrantes basándose en su riesgo de fuga y otros motivos de seguridad, con un período de internamiento que puede durar hasta un máximo de 12 meses, con la posibilidad de prorrogarlo durante otros 12 meses, si hubiera falta de cooperación o retrasos en la tramitación de la documentación.

Para migrantes considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional, se prevé una expulsión prioritaria, y podrán ser recluidos en prisiones –separados de presos comunes– y enfrentarse a prohibiciones de entrada indefinidas.

A la hora de apelar una decisión de retorno ante un juez, el reglamento contempla que no se paralice automáticamente la ejecución de la expulsión a no ser que la autoridad judicial así lo decida a petición del migrante.

En cuanto a la tipificación del delito de estancia ilegal en un país, esta quedará a cargo de cada Estado miembro, mientras que la detención de migrantes en domicilios –o que se denominó como el «ICE europeo»– ha sido finalmente eliminada del texto del Parlamento tras las negociaciones.

Rechazo de la izquierda y escándalo por un grupo de Whatsapp

El texto aprobado fue rechazado por partidos socialdemócratas, verdes y de izquierdas, que sostuvieron que la iniciativa no está alineada con un enfoque europeo, sino que muestra un giro a la extrema derecha por parte de los populares.

Poco después de que el expediente se votase en comisión parlamentaria, se reveló además que los negociadores popular, ultraconservador y de los dos grupos de ultraderecha habían creado un grupo de Whatsapp para redactar enmiendas y coordinar posiciones de cara al voto, lo cual demuestra una cooperación mucho más estrecha que la previamente conocida entre el PPE y los partidos antes vetados por el cordón sanitario.

«El resultado de este expediente confirma nuestras preocupaciones. Lo que estamos viendo no es un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha», dijo Ana Catarina Mendes, vicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara.

Estos grupos sostuvieron además que el texto fomenta la detención «masiva e indefinida por motivos puramente administrativos» y criticaron la creación de los centros de retorno en terceros países donde «es probable que sean objeto de detención prolongada y arbitraria que conducirá inevitablemente a violaciones de los derechos fundamentales».

Ante estas preocupaciones, fuentes del Partido Popular Europeo señalaron a EFE que los terceros países deberán pasar una serie de filtros antes de que se les permita acoger estos centros, así como la existencia de una previsión de consecuencias para quienes no las cumplan.

Las mismas fuentes sostuvieron que el Reglamento de Retorno, pese a no ser una directiva, es uno de los «puntos esenciales de la política migratoria» de la Unión.