El Parlamento Europeo votó ayer de forma holgada a favor de un nuevo Reglamento que refuerza la deportación como herramienta de gestión migratoria y convalida los centros de detención en terceros países, al estilo de los que Italia trata de poner en marcha en Albania. De hecho, el acuerdo entre la derecha tradicional y la extrema derecha –que en muchos aspectos operan ya como una única fuerza de la mano del líder del PPE, Manfred Weber–, ha endurecido la propuesta de la Comisión Europea. Ahora, estas dos instituciones, junto al Consejo, deberán negociar el Reglamento que finalmente entre en vigor.

El resultado, en cualquier caso, no deja margen para la duda. Se tratará de un ordenamiento deshumanizador y lesivo para los derechos de las personas migrantes, que podrán ser detenidas hasta dos años si no cooperan con su propia expulsión. Una amenaza punitiva intolerable, toda vez que no tener los papeles en regla no está castigado penalmente. Están hablando con singular alegría de encarcelar durante dos años a personas que no han cometido ningún delito. El salto al abismo de una Europa encerrada sobre sí misma produce escalofríos. En Bruselas pretenden transmitir firmeza, pero solo logran trasladar pánico y debilidad. Son muy pequeños. La agenda ultra ha colonizado el debate político y hace pasar por lógicas decisiones crueles. Tras los últimos fiascos electorales y para contrarrestar la crisis económica que acecha, tratarán de azuzar todavía más la agenda antinmigrante.

El Reglamento verá la luz, pero está por ver si pasa el filtro de los tribunales europeos, que ya tumbaron importantes puntos del acuerdo migratorio entre Italia y Albania. En el propio país transalpino, han sido numerosos los jueces que han frenado tentativas de deportación. Cada Estado, además, tiene un margen de actuación considerable, empezando por las propias leyes de extranjería, auténticas máquinas de producir personas en situación irregular, lo cual obliga luego, paradójicamente, a regularizaciones masivas que, más o menos publicitadas, se dan por igual en Madrid o en Roma. Derogar estas leyes país a país es una prioridad insoslayable.