Luz verde definitiva a la reforma penal contra los hurtos y estafas reiterados, pese a que la tensión en el Congreso ha ido creciendo a medida que los partidos políticos defendían su postura. La Cámara baja ha ratificado hoy la ley contra la multirreincidencia, una norma que busca dotar de herramientas a los jueces para atajar la delincuencia reincidente. Una votación que ha llegado precedida por el veto del Gobierno a las enmiendas que PP, Vox y Junts sacaron adelante en el Senado la semana pasada.

Este bloqueo, calificado por el partido de la oposición como un acto «antidemocrático» y «autoritario», ha impedido la inclusión de medidas como la modificación de la ley de extranjería, con el que las formaciones de la derecha querían obstucalizar la regularización de medio millón de migrantes, que está previsto que comience en las próximas semanas. El PSOE ha defendido el texto que el Congreso ha sacado adelante como un texto «riguroso y ponderado», pese a las críticas de Podemos, que lo ha tachado de «clasista», y el recelo de un PP que denuncia el oportunismo político del Ejecutivo.

El PP ha defendido las enmiendas que aprobaron en el Senado y ha avisado de que acudirá al Tribunal Constitucional para denunciar el veto del Gobierno, que ha calificado de «extralimitación parlamentaria». Los ‘populares’ consideran que esta reforma penal, que pretende luchar contra aquellas personas que repiten en delitos menores como son los hurtos o las estafas, resultará insuficiente si no se acompaña de un refuerzo real en las plantillas de jueces y fiscales.

Las críticas del PP también se han extendido a los argumentos que el Ejecutivo dio para vetar las modificaciones legislativas. El Gobierno explicó que el veto se debía a que la implementación de las enmiendas supondría la creación de 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería que conllevaría, según apuntaron, un coste adicional de 17 millones de euros y la generación de 491 plazas nuevas de fiscales, que supondrían un aumento de las cuentas públicas de unos 54 millones de euros. Sin embargo, desde las filas ‘populares’ han acusado al Gobierno de «oportunismo político» y de utilizar «vetos presupuestarios» de forma arbitraria —que consideran especialmente «sangrante» al tratarse de un Gobierno sin presupuestos presentados en esta última legislatura— para impedir medidas como la comprobación de antecedentes penales para residir en España o el incremento de la planta judicial.

Para Junts, esta reforma es un triunfo político que presentan como el cumplimiento de una promesa clave ante la ciudadanía catalana, desmarcándose de lo que han calificado de «buenismo» o inacción. La formación independentista ha ejercido durante el debate un papel de «parlamentarismo útil», sacando pecho de haber arrastrado al PSOE a este endurecimiento penal. No obstante, durante su intervención en el debate, los de Puigdemont han rechazado con vehemencia las acusaciones de «populismo punitivo» o «racismo» lanzadas por la izquierda. «Nadie ha hablado de origen o edad en la ley», han asegurado, al tiempo que han argumentado que su prioridad es dotar de herramientas reales a los jueces para que la policía «no detenga a los mismos diez veces en una semana para que salgan por la otra puerta».