La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, se plegó este martes a los intereses del Gobierno y vetó dos de las enmiendas aprobadas por el Senado a petición del PP en la ley contra la multirreincidencia en hurtos impulsada por Junts. Los cambios se debatirán este jueves, pero sus señorías no podrán pronunciarse ni sobre el aumento de la plantilla de los fiscales ni sobre el endurecimiento de la regularización extraordinaria de inmigrantes que promueve Pedro Sánchez. El Ejecutivo, en ambos casos, alega un aumento del gasto público.

El Consejo de Ministros aprobará por real decreto, un mecanismo que no requiere aval parlamentario, una regularización masiva de extranjeros. Como informó ABC, en el caso de que los solicitantes acrediten haber pedido sus antecedentes penales a sus países de origen o a aquellos en los que hayan residido los últimos cinco años, bastará con que presenten una declaración responsable para acceder a la residencia. Una laxitud que preocupa no solo a la oposición, sino a las fuerzas de seguridad.

El PP trató de poner coto a los planes del Gobierno y aprobó en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una enmienda a la ley contra la multirreincidencia para que solo se pueda acceder a la residencia si se acredita mediante un documento oficial la ausencia de antecedentes penales. El Ejecutivo intentó vetar este cambio —también otro que eleva el ratio de fiscales a uno por cada 100.000 habitantes— en la Cámara Alta, pero la Mesa de esta institución lo rechazó al considerarlo excesivo.

Ahora, en lo que sin duda abocará a un nuevo conflicto de atribuciones, el Congreso cede ante el Gobierno y elimina del texto de la norma esas dos enmiendas, aprobadas soberanamente por el Senado. Como ha sucedido esta legislatura en otras leyes, chocan el derecho a veto que la Constitución confiere al Ejecutivo si hay incremento de gasto o merma de recaudación con el que la Carta Magna otorga a los diputados para pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por los senadores. El Tribunal Constitucional deberá resolver el entuerto.

En cuanto a la regularización, el Gobierno argumenta que eliminar la posibilidad de acogerse a la misma con una declaración responsable obligaría a la creación de cuatrocientas nuevas plazas en la Comisaría General de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía. A razón de unos 41.967 euros de sueldo por agente, 16.786.800 euros de incremento del gasto público.

«¿Los miles de millones que se van metiendo en Defensa no afectan al presupuesto y resulta que contratar a cuatrocientos policías, dieciséis millones de euros, sí afecta al presupuesto?», lanzó en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien aseveró: «El Gobierno está reconociendo de facto que no le importa que entren delincuentes. Va a convertir España en un coladero». También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advirtió este martes, en una nota de prensa, que el Gobierno está priorizando la tramitación administrativa frente a la seguridad pública.