El Gobierno de España ha decidido excluir a las oficinas de Extranjería del proceso de regularización extraordinaria de al menos 500.000 migrantes y a su vez darle poderes a Correos y la Seguridad Social. Para ello está ‘fichando’ funcionarios a los que abonará 25 euros la hora extra. Aún se desconoce la fecha de inicio del proceso de regularización, que inicialmente estaba previsto para el 1 de abril pero que se retrasa a después de Semana Santa, aunque no hay certeza al respecto, y hasta el 30 de junio.

Ante el asombro de los trabajadores de las oficinas de Extranjería, «se han habilitado oficinas de la Seguridad Social» que recogerán la documentación requerida, señala César Pérez Gómez, responsable de Extranjería de Comisiones Obreras del Ministerio de Política Territorial. Habrá una oficina de la Seguridad Social por provincia –en horario de tarde– habilitada para llevar a cabo el paso inicial de la regularización de residentes migrantes en España. Las oficinas de Correos también recogerán la documentación de los extranjeros en horario de tarde también.

«No hay ninguna oficina de Extranjería en Canarias que participe en el proceso. Ninguna. Porque las han excluido directamente en el proceso. La recogida la llevará Seguridad Social y lleva Correos», expone el representante sindical. «Las oficinas de Extranjería no hacen nada de este proceso. Nada».

Será la UTEX (Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería) radicada en Vigo la que asuma lo que se suponía iban a hacer las oficinas provinciales de Extranjería, que esperaban que se les reforzase para acometer el proceso de regularización masiva de inmigrantes una vez que cuentan con experiencia y cualificación. Pero el Gobierno ha decidido que este órgano centralizado, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, asuma el proceso.

Esa oficina de apoyo a las delegaciones provinciales de Extranjería «es la que va a resolver todos los expedientes con la ayuda de 150 personas que ya han contratado de la empresa pública Tragsa». Esas 150 personas tendrán un contrato de 19.000 euros brutos por un periodo de nueve meses «para que lleven y refuercen el proceso de regularización». Así pues, habrá funcionarios «voluntarios» a 25 euros la hora extra, sin determinar el número exacto de personal de la Seguridad Social que se involucrará en la regularización, más personal de Correos y de Tracsa.

Todo ello a los funcionarios de las oficinas de Extranjería «nos parece fatal. Todo esto nos parece que lo están haciendo fatal. Porque tienen 2.000 personas perfectamente formadas, perfectamente capacitadas en todas las oficinas de España; son 2.000 los empleados públicos que ahora mismo hay que no se van a encargar de nada de este proceso», resalta César Pérez Gómez como responsable de Extranjería de Comisiones Obreras del Ministerio de Política Territorial.

«Contratan a gente que no sabe nada cuando hay 2.000 empleados en Extranjería que lo podrían hacer perfectamente»
«Contratan a gente que no tiene ninguna experiencia, que no sabe nada, que no tiene ningún conocimiento y van a gastar un montón de dinero en su contratación cuando hay empleados públicos que lo podrían hacer perfectamente. No tiene ninguna lógica el planteamiento», afirma el representante de los trabajadores de las oficinas de Extranjería.

Entre las explicaciones esgrimidas por el Ministerio de Inclusión, cuenta César Pérez, «que hay mucha carga de trabajo en las oficinas de Extranjería», que apunta que sería bien fácil reforzar esas oficinas y no externalizar.

Los trabajadores de Extranjería critican una externalización «que nadie entiende»
Para los funcionarios de las oficinas de Extranjería «la realidad» es que el Gobierno de España «desde el principio no quería» que las oficinas llevarán a cabo el proceso de regularización de extranjeros, el séptimo. «Quieren que se haga por fuera de las oficinas», sentencia César Pérez Gómez, responsable de Extranjería de Comisiones Obreras del Ministerio de Política Territorial. «Nadie ha dado una explicación razonable y no tiene mucho sentido. Estamos perfectamente preparados para hacer frente a esto y la gente además quiere hacerlo y no entiende por qué no puede hacerlo».

Además, considera que ni la Seguridad Social y ni Correos están preparados para asumir la recepción y tramitación de documentación de los más de medio millón de personas que se espera inicien los trámites de legalización de su estancia en España. «De hecho, hay que enseñarles» a esos funcionarios o laborales, no se sabe tampoco el perfil. «Van a tener un proceso de formación para la recogida» de papeles.

De todos modos, hay «problemas con el Consejo de Estado y con los dictámenes» pendientes de emitir «porque hay conflicto entre los ministerios» que no se han puesto de acuerdo a la hora de definir las competencias en los trabajadores contratados para la ocasión por Tragsa, con presentación incluida de alegaciones a esos contratos. De ahí que todo se esté retrasando. «Ni los propios ministerios se han puesto de acuerdo en el procedimiento», con «peleas» que han llegado hasta los servicios jurídicos para que decida finalmente el Consejo de Estado.