El debate lo abrió la pasada semana la Diputación de Bizkaia. La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi (PNV), lamentó que apenas se realicen … pruebas de edad a los menores extranjeros no acompañados que llegan al territorio para verificar que tengan menos de 18 años. Sus palabras se sumaron a las declaraciones de hace unos meses de la diputada general, Elixabete Etxanobe. La máxima responsable de la institución foral –que tiene el deber legal de velar por los menores desamparados– aseguró que habían llegado a detectar a 150 adultos haciéndose pasar por menores en los centros de acogida. Antxustegi aseguró que en 2024 ya advirtieron a la Fiscalía de que sospechaban que había adultos haciéndose pasar por niños en los centros de acogida de Bizkaia. También insistió en que este tipo de tests médico forenses se realizan con naturalidad en otras comunidades. Y lamentó que sus quejas no hayan recibido ningún tipo de respuesta del Ministerio Público, que es el que debe autorizar este tipo de procedimientos.

Estas declaraciones han puesto el foco en estas pruebas, que han sido cuestionadas en diversos ámbitos –como ONGs como Save the Children– por su escaso grado de precisión (unos dos años) a la hora de determinar la edad de una persona y por su carácter «invasivo» en la intimidad de los menores. También el Tribunal Supremo insiste en que estos procedimientos deben ser una especie de último recurso a la hora de realizar estas comprobaciones ya que, en el caso de los menores, deben prevalecer los documentos y pasaportes oficiales. Pero fuentes policiales insisten a este diario en que estas pruebas también les han permitido descubrir en Bizkaia a adultos de más de 30 años –muchos de ellos de Gambia y Ghana– con todos sus documentos validados por sus países conviviendo con niños de 14 años.

En este punto de opiniones enfrentadas, lo cierto es que las pruebas de determinación de edad son un método cada vez más extendido y que, en la práctica, resulta determinante para el futuro de muchos jóvenes inmigrantes. Básicamente, porque puede ser la clave que les permita ser insertados en el sistema público de acogida –que incluye tutela, alojamiento, educación y encontrarse en situación administrativa regular, entre otros– o ser catalogados como extranjeros sin papeles. En este contexto, surgen varias preguntas. ¿Cuántas pruebas de edad se realizan en Euskadi? ¿Cuántas se realizan en el resto de España? ¿Por qué se practican más en unas comunidades que en otras?

Según las últimas memorias oficiales de la Fiscalía consultadas–que hacen referencia a datos de 2024–, en el País Vasco se abrieron 41 expedientes de determinación de edad. Se detectaron dos chicos que eran mayores de edad y seis procedimientos se archivaron porque los jóvenes se fugaron de los centros de menores. Pero la inmensa mayoría de las investigaciones se encontraban en tramitación a la espera de que la Policía Nacional emitiese informes sobre los pasaportes presentados por los jóvenes.

En cambio, el informe de la Fiscalía General del Estado indica que ese mismo año se abrieron en España 7.562 procedimientos de estas características. Fueron 140 más que en 2023. La memoria apuntó también que 2.457 de estas pruebas revelaron que se trataban de mayores de 18 años. Más de 3.800 eran «menores o existían posibilidades de que lo fueran». Y 1.280 expedientes fueron archivados porque los chicos abandonaron los centros antes de que pudiesen practicárseles las pruebas.

Fuentes de la Fiscalía del País Vasco explican que las pruebas que practican tienen «sus trámites obligados y necesarios» y que estas prácticas se realizan cuando la Policía Nacional informa «sobre las circunstancias de cada menor».