Un barco negrero sin bandera, y con más de doscientos asiáticos a bordo, esperaba ayer en el puerto de Tenerife a que la diplomacia española, puesta en estado de efervescencia por un gabinete ministerial de crisis, finalizase las gestiones de repatriación con India, Pakistán y Sri Lanka. Este navío, salvado de un naufragio seguro a dos millas de la isla, sólo tiene a un costado un signo de identificación, el nombre ‘Al – Mari’, apelativo al que no se le pueden exigir responsabilidades marítimas. Los miembros del pasaje tienen la doble condición de náufragos y de inmigrantes irregulares, por lo que el Gobierno español, en su línea de anunciada firmeza, pero fiel al humanitarismo y a las leyes del mar, ha tomado dos decisiones: primera, socorrerlos, prestando incluso atención sanitaria a quienes la necesitaban, y segunda, devolverlos a sus casas, si las negociaciones de repatriación fructificasen.

En este barco “remendado”, adjetivo del jefe del puerto, estaría decidido el Gobierno español a demostrar la nueva orientación de su política inmigratoria, de mayor firmeza y menor tolerancia. El ‘gabinete de crisis’ estaba formado por cuatro ministros y varios secretarios de Estado, bajo la autoridad de la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien se puso desde primera hora del día a la tarea de que el ‘Al – Mari’ no creara más complicaciones de las imprescindibles.

El líder ‘popular’ Rajoy ya había deslizado la noche anterior un sarcasmo sobre la contradicción de que el número dos de Asuntos Exteriores, Bernardino León, estuviera en la ‘cumbre’ de No Alineados (*no alineados?) de La Habana mientras un barco negrero de inmigrantes irregulares atracaba en el puerto tinerfeño. El sarcasmo ha debido de enardecer la actividad de nuestra diplomacia para dar solución al problema creado por el ‘Al – Mari’. Barcos viejísimos de este tipo, desvencijados en sus caparazones de hierro, abundan en el litoral subsahariano, pero pocas veces los utilizan las mafias para el salto de inmigrantes a territorio europeo.

La vicepresidenta De la Vega dijo ayer tras el consejo de ministros que el Gobierno ha puesto una semana más el tema de la inmigración en la prioridad de su agenda, y seguirá manteniéndolo en ese lugar en las semanas sucesivas. De las palabras de la vicepresidente se deduce que el Ejecutivo se ha dispuesto a movilizar todos sus recursos, desde el aumento presupuestario a la inmigración a la movilidad de la diplomacia española en Europa, pasando por las medidas en el interior del país sobre distribución *temporal o definitiva? de los inmigrantes a Canarias que, en contra de los que entran por las fronteras aéreas y terrestres, no se distribuyen por sí mismos.

Sólo una actividad permanente del Gobierno, y de apariencia frenética en ocasiones, podría conseguir que las críticas de la oposición sobre el problema inmigratorio no tuvieran toda la eficacia que la oposición ‘popular’ desearía. De momento, los tres países meridionales de la UE más afectados por la inmigración africana – España, Italia y Francia – han formado una plataforma/altavoz para que sus problemas se escuchen por el resto de socios, mientras que en los Presupuestos del 2007 se aumenta “significativamente” el capítulo de la inmigración, según el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien no se atrevía a repetir la cifra que Solbes había anunciado al presidente canario Paulino Rivera, más del 30%. El aumento “significativo” es de exquisita precisión política.