Los hechos ocurrieron entre

febrero y abril de 2021

, cuando la acusada, que regentaba un despacho de asesoría fiscal y contable, contactó con inmigrantes que se encontraban sin regularizar su situación en España.

Según la

sala de prensa del Poder Juidicial

, la sentencia dictada por la

Audiencia de Segovia

y ahora confirmada por el alto tribunal autonómico, la mujer se presentó ante ellos como abogada especializada en extranjería, una condición que

no poseía

, ya que carecía de la titulación necesaria y no constaba como colegiada ni ejerciente.

A cambio de

2.000 euros por persona,

ofreció gestionar la obtención de un contrato de trabajo y tramitar la autorización de residencia temporal por arraigo social.

Los cuatro afectados entregaron el dinero confiando en que quien les atendía era una profesional del Derecho con capacidad para

resolver su situación administrativa.

La acusada llegó incluso a empadronarlos en su propia oficina y les proporcionó contratos laborales que,

según consta en la resolución

, correspondían a una misma empresa.

Sin embargo, las solicitudes de residencia fueron denegadas y la asesora

no llegó a participar personalmente

en la tramitación de los expedientes ni de forma presencial en la Subdelegación del Gobierno ni a través de los canales electrónicos.

Cuando los perjudicados reclamaron la devolución del dinero

, se negó a hacerlo.

La elevada cuantía como indicio del engaño

El tribunal provincial había

absuelto

a la acusada de un delito de intrusismo, pero la consideró autora de un delito de estafa tipificado en los artículos

248 y 249 del Código Penal.

Los magistrados han subrayado que los afectados entregaron los

2.000 euros

precisamente porque creían que quien les atendía era abogada y podía conseguirles contratos reales.

La resolución destaca que esa cantidad resultaba

desproporcionada

para unos meros servicios de gestión administrativa que cualquier gestoría podría ofrecer por un importe sensiblemente inferior, lo que refuerza la existencia de un engaño.

El

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

ha desestimado el recurso presentado por la condenada y ha confirmado íntegramente la sentencia, que le impone además la obligación de

indemnizar

con 2.000 euros a cada uno de los cuatro perjudicados. La resolución, que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.