Hace un año se aprobó la reforma de la Ley de Extranjería que introdujo un sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados en España. Durante este tiempo, más de 1.100 jóvenes han sido trasladados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas, cifras muy por debajo de las estimaciones iniciales de 4.400 menores, en parte porque algunos expedientes se archivaron al alcanzar los chicos la mayoría de edad.

Esta reforma modificó el modelo de acogida al establecer, durante el período de un año, criterios para distribuir a estos menores entre todas las comunidades autónomas, evitando que la responsabilidad recayera exclusivamente en los territorios de llegada. Hasta entonces, lugares como Canarias que en el momento de aplicarse la medida acogía con sus propios recursos a casi 6.000 jóvenes soportaban la mayor presión del sistema.

El real decreto ley fijaba un plazo de un año para completar la reubicación de los menores en territorios en situación de contingencia migratoria. Un plazo que ya se ha agotado y abre nuevas incógnitas: ¿qué pasará a partir de ahora?

Según informa EFE, el ministro Ángel Víctor Torres que presidirá este jueves una reunión en Melilla sobre el asunto ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado al respecto. Aunque el Gobierno mantiene su intención de continuar con las derivaciones más allá de este miércoles, esto dependerá, en gran parte, de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Por su parte, desde el Ministerio de Juventud e Infancia sólo pueden asegurar a Público que los expedientes iniciados antes del 18 de marzo seguirán su curso.

De esta manera, si el Ejecutivo no anuncia una prórroga o solución alternativa, la reubicación de los menores hacia otras comunidades se quedaría en un limbo, ya que pasaría a depender de la voluntariedad de las autonomías.

El Gobierno de Canarias ha advertido de que algunas comunidades ya han empezado a mostrar su rechazo a continuar con este modelo. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha señalado este martes que varias comunidades han manifestado al Ministerio de Juventud e Infancia su negativa a seguir acogiendo menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla al terminar este plazo. Aunque el Ejecutivo canario asegura, a su vez, que ha recibido garantías de que todos los menores que tienen su expediente de traslado iniciado o en trámite seguirán saliendo hacia la península después de que venza ese plazo de un año es decir, el 19 de marzo y en adelante.

El objetivo de la reforma era aliviar la situación de contingencia migratoria en determinados territorios, en concreto en Canarias, Ceuta y Melilla. Un propósito que aún no se ha cumplido, aunque el ministro Torres ha asegurado que, gracias a los traslados, las ciudades autónomas están ya cerca de abandonar la situación de contingencia migratoria y que las islas probablemente lo harán “pronto”.

Por su parte, desde CEAR Canarias confían en que la reubicación de migrantes a otras comunidades se siga extendiendo durante 2026. “Ha sido una medida efectiva porque ha permitido garantizar estándares de calidad adecuados para los menores. Además, implica a todo el Estado español en la protección de los derechos de la infancia y en un tratamiento igualitario de los menores. Un menor en Canarias no podía ejercer sus derechos con la misma intensidad que en otros territorios debido a la sobresaturación. Ahora, con la reforma, esas garantías se fortalecen”, señala la organización en declaraciones a Público.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia también valoran que la reforma ha tenido un impacto “positivo” y recuerdan que, pese a los intentos de bloqueo y "las estrategias de algunas comunidades del PP, el real decreto se ha cumplido gracias a la labor de los profesionales de la acogida en cada territorio. Además, lamentan que los populares “se hayan mimetizado con la ultraderecha y hayan integrado su discurso racista por interés electoral”. “Durante el último año, han recibido numerosos varapalos de la justicia que, tal y como establece la norma, ha hecho prevalecer los derechos de estos niños, niñas y adolescentes”, señalan.

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Fachada del edificio del Tribunal Supremo.
La Comunidad de Madrid ha sido una de las más críticas con el sistema de derivaciones. Esta semana, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha planteado estudiar acciones contra el Gobierno central, incluida la vía judicial, por su rechazo a la repatriación de menores por motivos de “conflictividad”. El Gobierno de Ayuso argumentaba que las circunstancias “especialmente graves” que rodean a estos menores aconsejaban su retorno. “Su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y su futuro”, aseguró la consejera madrileña, quien añadió que la presencia de estos jóvenes en la comunidad también comprometía la seguridad “de sus compañeros, de los profesionales que les atienden y del conjunto de los ciudadanos”.

Frente a estas declaraciones, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de “estigmatizar y criminalizar” a los menores. Ha recordado que la responsabilidad de las comunidades autónomas es garantizar su tutela y proporcionarles los servicios necesarios para su desarrollo. Además, ha insistido en que cualquier procedimiento de expulsión o repatriación debe contar con todas las garantías legales, ya que el interés superior del menor debe prevalecer. “Le pido a Ayuso humanidad y responsabilidad. Si está tan convencida de esta idea alrededor de la expulsión, que se la cuente al Papa cuando vaya a visitarle. A ver qué le parece”, ha concluido.