Los abogados empiezan a hacer caja con la

regularización de inmigrantes

en la que está trabajando el Gobierno desde el mes de enero. En Madrid han aparecido carteles de bufetes que se ofrecen para agilizar los trámites para normalizar la situación de cientos de miles de personas que ya se encuentran en nuestro país trabajando.

El Gobierno, de la mano de Podemos, anunció a finales de enero un plan para regularizar, al menos, a medio millón de personas. Las condiciones, entre otras, es que residieran en España antes del 31 de diciembre del pasado año y que

no tuviesen antecedentes. Los dos puntos son controvertidos, según distintas operaciones y oficios del

Ministerio del Interior

y la

Policía Nacional

, competente en la materia. Los agentes han descubierto mafias que se encargan de buscar justificantes de residencias para extranjeros que llegasen después de la fecha límite. Y por otra parte, los expedientes de antecedentes los tendrán que emitir los países de origen. Si no responden, la Administración entenderán que están “limpios”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó la medida sin contar con informes de la

Comisaría General de Extranjería. Un documento elaborado por el “número dos” de ese departamento, el comisario Alfredo García Miravete, fue enviado al director general de la Policía Nacional. El contenido no casaba con la política del Gobierno, por lo que está en un cajón a la espera de ser modificado.

Como ha publicado La Razón, los agentes especializados en la materia creen que el cálculo de medio millón de personas se quedará corto. Calculan que podrán regularizar su situación

entre “dos y tres millones”

, gracias a la reunificación familiar posterior. Además, los sindicatos han criticado la medida, señalando que el procedimiento colapsará las comsiarías de Extranjería y que “los antecedentes penales no son lo mismo que los policiales”, ya que los primeros tardan mucho más en recogerse. Distintos mandos policiales señalaron a este periódico que tendrán que

“abandonar investigaciones” relacionadas con las mafias

que trafican con personas para dedicarse a esta regularización del Gobierno.