Las entidades del tercer sector consideran que hay que centrar el foco en el ‘cómo’ de las derivaciones de los niños y niñas migrantes que llegan solos a territorios como Canarias. Precisamente, hoy se cumple el plazo dado tras la reforma de la ley de extranjería para trasladar a otras regiones a los menores migrantes no acompañados que han llegado a territorios en contingencia migratoria, como es el caso de Canarias.

Es la principal conclusión a la que llegan tres representantes de Unicef, Save the Children y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear). «Nos alegramos de estos avances, pero es muy importante hacer las evaluaciones del interés superior de estos chicos, tomar las decisiones más convenientes para ellos y ellas, y eso conlleva escucharles y valorar diferentes elementos», apunta Sara Casero, técnica de Políticas de Infancia de Unicef en Gran Canaria.
A su vez, los tres coinciden en que en algunas ocasiones, no se ha hecho «una evaluación detallada que permita tomar esa decisión más conveniente» para el menor. Desde que se pusiera en marcha el mecanismo para derivar a los niños y niñas a otras regiones, asociaciones, centros educativos y recursos han manifestado que algunos de los chicos y chicas a los que se les daba atención habían sido enviados a otros recursos de la península, pero habían manifestado querer quedarse. Sin embargo, finalmente se había determinado que no existía arraigo.

Es por eso por lo que a lo largo de este tiempo entidades como Save the Children, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), desarrollaron mecanismos para tomar «la mejor decisión». Así, elaboraron un cuestionario en el que se recoge información «muy valiosa sobre la situación del menor», según explica Jennifer Suppiroli, experta en migraciones de Save the Children. Gracias a él se permite detectar riesgos o vulnerabilidades que puede tener el menor y que se deberían tener en cuenta para proporcionarle «la intervención ideal», desgrana, como puede ser si tienen alguna necesidad especial en cuanto a salud mental o física, para que se le envíe a un centro especializado.
Este mecanismo, que hace obligatoria la atención compartida entre regiones de los niños y niñas que emigran en solitario a territorios en situación de contingencia migratoria, como es el caso de las islas, era una de las demandas más repetidas por el tercer sector para dar «una solución estructural a un fenómeno estructural». En este sentido, el coordinador territorial de Cear en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, subraya el carácter «sólido y transformador» de la medida, «porque hace decrecer, oxigenar, racionalizar y mejorar los estándares de calidad del sistema, además de un tratamiento igualitario de los derechos de la infancia».

En este sentido, Sara Casero, desde Unicef, defiende que el momento actual, en el que el número de llegadas de personas migrantes ha descendido y los centros han encontrado cierto desahogo, es crucial para «diseñar nuevos planes, protocolos y estructuras» que permitan responder a situaciones de emergencia para que «se dé una acogida digna y se evite la saturación del sistema».

Ahora que se ha dado el primer paso para mejorar en la atención de los menores que emigran en solitario, Juan Carlos Lorenzo apunta que hay «dos grandes riesgos que hay que vencer», como son «el riesgo de cronificación de la emergencia y su extensión a todos los aspectos de la realidad migratoria» y, por otro lado, «el riesgo a la autocomplacencia y a los estándares mínimos de suficiencia».

Los tres profesionales que, con las organizaciones de las que forman parte, ayudan a articular el sistema de acogida, coinciden en que la sociedad no debe olvidar que los menores «son una población muy vulnerable» y, donde quiera que estén, «merecen la protección que está reconocida por todos los tratados internacionales».
Las ONG reclaman más coordinación en la acogida
La reforma de la ley de extranjería para compartir la responsabilidad en la atención de los menores migrantes entre las regiones se dio de bruces con la negativa de las comunidades gobernadas por el Partido Popular antes de salir adelante en el Congreso de los Diputados. Luego, con el mecanismo en marcha, continuaron con su negativa a acoger a los chicos.

En este sentido, la experta en migraciones de Save the Children Jennifer Zuppiroli destaca que este mecanismo requiere una «enorme coordinación e intercambio de información entre todas las instituciones públicas». De esta forma, la experta remarca que la crispación política que impera a nivel estatal se traduce en «menor coordinación, menos consenso y menos intercambio de información».

Lo mismo reclama la técnica de Políticas de Infancia de Unicef Sara Casero, que aboga por tener en cuenta a la Fiscalía de Menores en todo el proceso , ya que «vela por la protección de estos niños y niñas».

A su vez, subraya que tiene que haber una mayor organización entre las direcciones generales de Infancia de las distintas regiones y los centros a los que van a ser trasladados los menores que han emigrado sin la compañía de un adulto.

Asimismo, Casero pone el foco en la necesidad de que prevalezca el trabajo en conjunto entre las regiones y el Estado, y demanda que el Gobierno central proporcione «más recursos a las comunidades autónomas» a para la atención de los chicos y que se cree una «unidad de emergencias para Infancia» que aglutine a diferentes profesionales para que trabajen en función de las necesidades «que manifieste el territorio en contingencia».
Para el coordinador territorial de Cear en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, lo primordial para dar una respuesta integral al drama humanitario que persiste en las islas es crear una narrativa migratoria inclusiva y constructiva que «llame a las cosas por su nombre sin violentar ni estigmatizar a las personas»; que exista una visión «transversal» de los procesos de inclusión social que garantice una transición «sin abismos» de la persona cuando es menor a cuando se convierte en adulto. Por último, apuesta por crear políticas de convivencia «interculturales» en las que se integre a las personas migrantes «con naturalidad en todos los aspectos de la vida y de la sociedad».