La gestión de la política migratoria en España es una competencia compartida, pero la responsabilidad principal y última recae en el Estado central, específicamente en la Moncloa, mientras que las comunidades autónomas

gestionan aspectos de integración y atención social.

Es decir, mientras que Sánchez define las líneas maestras basada en una política de puertas abiertas, son los gobiernos autonómicos sobre los que recae todo el esfuerzo. Esta singularidad explica muchos de los choques entre Sol y Moncloa.

Entre los frentes más conocidos y judicializados está el centro de acogida de La Cantueña, donde a la cuestión migratoria se suma un conflicto judicial debido a una disputa de competencias y de uso del suelo entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada (PSOE) y la Comunidad de Madrid (PP). En la actualidad, el caso

ha acumulado múltiples resoluciones judiciales, la mayoría favorables al Gobierno regional,

permitiendo que el centro de acogida para menores extranjeros no acompañados siga operativo. En paralelo, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, denunciaron al Gobierno regional por, a su juicio, vulnerar los derechos fundamentales de los acogidos. Unas acusaciones que desde Sol consideran falsas, ya que esgrimen que «están adecuadamente atendidos».

Otra de las instalaciones en el punto de mira es el cuartel de Alcalá de Henares.

Se trata de un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) para inmigrantes llegados a las costas canarias, que ha sobrepasado su capacidad y del que desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares exigen el cierre, alegando falta de información por parte del Gobierno central, inseguridad y desbordamiento de los servicios municipales. En julio de 2025, el Pleno municipal aprobó oficialmente la petición de cierre y la reprobación del delegado del Gobierno.

No en vano, la saturación de los recursos de acogida es, sin duda, uno de los principales choques entre ejecutivos. Hace un año, en el marco del reparto de menores desde las islas Canarias como consecuencia de la crisis migratoria

, la Comunidad de Madrid especificó el porcentaje de ocupación de las plazas específicas de atención, que se encontrarían sobrepasadas en un 132%.

De hecho, este reparto de MENAS –mediante real decreto– también fue denunciado por la región ante el Tribunal Supremo, alegando vulneración de sus competencias autonómicas y defectos en el procedimiento. De hecho, Madrid critica constantemente que lleguen inmigrantes a través de aviones o autobuses sin que se avise previamente a la comunidad para que pueda hacer frente a la gestión.

En paralelo, Sol también critica con vehemencia que los recursos destinados por el Gobierno central para hacer frente a los costes de acogida también son insuficientes. En numerosas ocasiones,

el ejecutivo regional se ha referido a los 15,8 millones de euros para sufragar la acogida de 647 menores.

Estos repartos, además de las nacionalizaciones masivas, son consecuencia de la reforma de la Ley de Extranjería, que, en paralelo, también ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional al considerar que invade competencias regionales.