Nuevo choque entre la Puerta del Sol y la Moncloa a cuenta de la inmigración ilegal.

Los desencuentros entre el Ejecutivo regional y el central suman un nuevo capítulo, en esta ocasión, por dos frentes

:

la supuesta “incompetencia” del delegado del Gobierno al no tramitar la repatriación de menores conflictivos

y la

nacionalización masiva de inmigrantes .

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser.

Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser

extension, network issues, or browser settings. Please check your

connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El primero de los enfrentamientos se produjo a raíz de la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENA), especialmente de aquellos con perfiles problemáticos. El Gobierno regional lamentó ayer haber conocido a través de la prensa el rechazo del gabinete de Pedro Sánchez a tramitar la reagrupación de los jóvenes más conflictivos que se encuentran en las instalaciones de acogida madrileñas.

En una misiva dirigida al delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre –a la que tuvo acceso LA RAZÓN–, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, elevó el tono y amenazó con adoptar «todas las medidas necesarias dentro de nuestras competencias» para exigir las responsabilidades correspondientes. El caso concreto que desató la queja afecta a 86 menores

cuyas «alteraciones de conducta, deriva delictiva o consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad». Añadió, asimismo, que este comportamiento compromete la seguridad de sus compañeros, de los profesionales y del conjunto de los ciudadanos.

En la carta, Dávila reprochó el cambio de postura del Ejecutivo central, ya que ahora esgrime el «interés superior del menor» para negarse a iniciar los trámites de reagrupación. La consejera recordó al delegado que, el pasado diciembre, él mismo aseguró haber solicitado los informes preceptivos a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. «Llama la atención que, casi un año después, no haya logrado recabarlos, reconociendo implícitamente su incompetencia y dejación de funciones»,

censuró.

En paralelo, criticó que la paralización de estos expedientes responda a la inacción de la propia Administración central. Desde Sol recuerdan que el Gobierno es el responsable de tramitar los procedimientos para hacer efectiva la reunificación, según recoge

la Ley de Extranjería. Dávila subrayó que la valoración de retornar a estos menores con sus familias o bajo la tutela de sus países de origen ha sido realizada por técnicos de la Comisión de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, quienes aconsejan la «actuación inmediata de la Delegación para procurar su retorno con garantías». Antes de concluir, afeó al delegado que actúe por el «interés superior de Sánchez y por cálculos políticos».

De hecho, a juicio de la consejera, esta situación es una evidencia de la «incompetencia» y «dejación de funciones» por parte de la Administración central. Duramente, culpa al Gobierno de la nación de utilizar a estos menores «como moneda de cambio» durante los últimos años y de priorizar intereses políticos frente a su protección efectiva.

La respuesta de Moncloa llegó en forma de ataque a la presidenta regional,

Isabel Díaz Ayuso, a quien instaron a «asumir sus responsabilidades y dar una tutela efectiva a los menores que están en su comunidad».

Desde que Sánchez llegó a la presidencia en 2018, ha convertido la inmigración irregular en un arma arrojadiza. Cabe recordar que ya entonces buscó un golpe de efecto para diferenciarse de Mariano Rajoy al acoger al barco Aquarius. Desde aquel hito, sus medidas –muchas aprobadas mediante real decreto y sin el aval de la Cámara Baja– han generado constantes fricciones con los gobiernos autonómicos.

En el punto de mira se encuentra ahora la reforma de la Ley de Extranjería, que simplifica la regulación de extranjeros y que, según diversos especialistas, genera un «efecto llamada». A ello se refirió ayer Ayuso, quien cargó contra el Gobierno por promover «nacionalizaciones masivas» y advirtió de que los servicios públicos acabarán bloqueados. «Luego lo pagaremos las comunidades autónomas; y aquellas que nos negamos o decimos que esto es un abuso, nos tragaremos la pancarta», reprochó.

Cabe añadir que la semana pasada el Ejecutivo restauró, nuevamente vía decreto, el acceso universal y gratuito a la sanidad pública, incluyendo a personas en situación irregular. De nuevo, desde Sol cargaron fuertemente contra este anuncio. En este sentido, la consejera de Sanidad, Fátima Matute,

condenó la medida propuesta por el Ministerio y reclamó que sea el Estado el que asuma los costes.

La consejera de Sanidad en la Comunidad de Madrid denunció que la medida no solo «favorecerá» las mafias, sino también las irregularidades en materia sanitaria. Consideró, además, que debería ser el Fondo de Compensación el que debería hacerse cargo del «desastre» propuesto por la ministra de Sanidad, porque «les encanta eso de yo invito a la fiesta y tú pagas». Y es que, por el momento, parece que el Ministerio no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta económica. En definitiva, la gestión migratoria y las diferentes competencias autonómicas

volvió a convertirse en un nuevo frente de fricción entre ambos gobierno, sin visos de acuerdo a la vista.