El anterior Gobierno de Berlín, una coalición de socialdemócratas (SPD), La Izquierda y Los Verdes, impulsó en 2021 la denominada Ley de Participación, que tenía como objetivo garantizar cupos para personas de origen extranjero en el funcionariado y establecía, de hecho, preferencia en el acceso al empleo público a ciudadanos foráneos por delante de alemanes incluso mejor cualificados. La actual responsable de Justicia y Protección del Consumidor en la capital, Felor Badenberg, ha encargado un peritaje que califica esta legislación de «inconstitucional», por lo que dejará de aplicarse en el futuro. «Berlín debe atraer a las mejores mentes. La integración no tiene éxito mediante cuotas, sino mediante igualdad de oportunidades para todos», ha defendido en la presentación de la rectificación de aquella norma.

La Ley de Participación establece que, en los procesos de contratación en el sector público, «al menos tantas personas con origen migratorio deben ser invitadas a entrevistas de selección como corresponda a su proporción en la población berlinesa». Actualmente, esto supone más del 40%. Además, la legislación establece que las personas con orígenes en otros países que tengan las mismas aptitudes y cualificaciones para el puesto que los competidores deben ser reclutadas específicamente y recibir «consideración especial en la selección».

La auditoría concluye, sin embargo, que este sistema es inconstitucional, al menos si se aplica literalmente. «La Ley Fundamental estipula que, en el sector público, por un lado, los mejores candidatos deben ser seleccionados para un puesto en función de su idoneidad, competencia y desempeño profesional, la llamada mejor selección. Por otro lado, nadie puede verse perjudicado por características como género, origen o etnia, pero tampoco recibir trato preferencial», establece el análisis de los peritos legales.

Quejas de opositores y funcionarios
«Es muy frustrante prepararse una oposición y presentarse cada año, una y otra vez: obtener muy buenas notas en los exámenes y contar con la titulación adecuada, pero quedar relegada, sin pasar a la fase de entrevistas, sólo porque no vengo del extranjero o mis padres no tienen orígenes en otro país», se queja Alexandra, de 27 años, que intenta desde 2022 obtener un puesto de funcionaria en el Senado de Berlín. «Esa ley era un despropósito desde el principio. Quienes hemos accedido sin prioridad a la función pública en Alemania, independientemente de nuestra procedencia, sabemos que el criterio de selección debe ser la cualificación. Lo contrario nos perjudica a todos», dice una asturiana, empleada pública y a punto ya de jubilarse.

La suspensión de la Ley de Participación en Berlín afecta a un proceso de contratación en marcha muy controvertido y que estaba teniendo lugar en la Fiscalía berlinesa, a cargo de Margarete Koppers. Los solicitantes con antecedentes extranjeros que habían obtenido peores notas en el examen de oposición habían contado con preferencia para pasar a la fase de entrevista y Bandenberg ha justificado que «lo justo es que los ciudadanos sin origen migratorio no sean discriminados en el proceso de selección, sino que sean los méritos de los candidatos los que definan la decisión administrativa«. »Precisamente porque yo misma tengo un historial migratorio, sé lo importante que es tener oportunidades justas y en condiciones de igualdad«, ha dicho la responsable de Justicia y Protección del Consumidor, que llegó a Alemania desde Irán con sus padres cuando era niña.

«Lo justo es que los ciudadanos sin origen migratorio no sean discriminados en el proceso de selección, sino que sean los méritos de los candidatos los que definan la decisión administrativa»
Felor Badenberg

Responsable de Justicia y Protección del Consumidor en Berlín

Otros Estados federados alemanes como Baden-Wurtemberg, Baviera, Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia también cuentan con leyes para promover el empleo de personas con origen migrante en el sector público, pero ninguna de ellas establece una cuota en la selección de solicitantes ni preferencia para estos ciudadanos en el reclutamiento. «Este mecanismo violan el principio de seleccionar a los mejores candidatos, que es obligatorio para la función pública, y la prohibición del trato preferencial», ha alegado Badenberg.

«La diversidad es una fortaleza y una realidad del día a día en Berlín, apoyamos la promoción de la integración y la posibilitación de la participación. Pero hay un estándar claro para la contratación estatal: la Ley Básica es mi brújula. El acceso a cargos públicos debe basarse en la aptitud, capacidad y rendimiento. Este es el principio constitucional de la selección de los mejores«, ha explicado la cristianodemócrata, que adelanta su intención de acercarse al socio de coalición, el SPD, para encontrar una solución legislativa a los pasajes inconstitucionales de la norma.