Son muchos los inmigrantes que están a la espera de que el Gobierno de España abra el proceso extraordinario de regularización, que les permitirá obtener el permiso de residencia. Es un proceso anunciado hace varios meses que todavía sigue sin concretarse, aunque se han conocido ya dos borradores del texto, con algunas diferencias entre ellos. Hay muchas dudas, tal y como constata Lorenzo González, presidente de la asociación de venezolanos Alma Llanera. Cuenta que en la entidad reciben cada día a una decena de personas que buscan información, además de las solicitudes que les llegan a través del correo electrónico. Viendo las dudas surgidas y el elevado número de personas afectadas, la entidad organizó una charla informativa en el centro cultural Marcos Valcárcel a la que asistieron más de 150 personas de forma presencial, mientras que unas 300 solicitaron seguirla a través de internet.

Es un tema que interesa y que afecta a mucha gente. González que calcula que puede haber alrededor de 15.000 personas viviendo en Ourense que podrían beneficiarse de este proceso extraordinario para conseguir papeles. Según explica, el perfil del solicitante es variado: desde quienes se encuentran en situación irregular estricta hasta aquellos que están a la espera de resoluciones de protección internacional.

Un plazo crítico de tres meses

La mayor preocupación de la asociación radica en la brevedad del plazo. Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) aún debe confirmar las fechas exactas, se espera que el proceso se desarrolle entre abril y junio. González es tajante sobre la necesidad de precisión: «Solo tenemos una bala y una diana. Hay que saber usar esa bala y saber apuntar». El presidente de Alma Llanera advierte que cualquier error en los certificados de antecedentes penales o en la acreditación de los cinco meses de estancia previa podría suponer el rechazo de la solicitud. «Es tan corto el plazo que la documentación tiene que ser lo más correcta posible para que no te echen para atrás o para que no te lo retrasen», señala, recomendando a los inmigrantes recopilar desde ya facturas, billetes de viaje o informes sociales para acreditar su permanencia en el país desde antes del 31 de diciembre del 2025.

Uno de los puntos clave que González destaca del borrador es la posibilidad de trabajar de forma inmediata tras presentar la solicitud. El resguardo del trámite habilitaría al inmigrante para ser dado de alta en la Seguridad Social, eliminando el miedo a sanciones para el empleador. «El emigrante tiene que estar informado de cómo explicar su situación, porque estamos haciendo todo este proceso para poder trabajar», explica González.

Un «parche» al sistema

A pesar de la importancia del proceso, desde Alma Llanera se muestran críticos con la gestión migratoria estructural. González considera que estas regularizaciones masivas son consecuencia de un sistema que genera irregularidad por sus propias trabas legales. «Esto es un parche a una situación que ha provocado el propio sistema. La gente ve fácil entrar a España, pero depsués todo son trabas», denuncia. Hace un llamamiento a reformar la Ley de Extranjería para atacar el problema de raíz y facilitar la integración de quienes llegan con voluntad de trabajar.