El giro del PNV en materia migratoria es un hecho desde hace un tiempo, singularmente desde que Aitor Esteban tomara posesión de la presidencia del … EBB hace ya casi un año. Desde entonces, Sabin Etxea, que ha incorporado a su dirección un área específica dedicada a este fenómeno –en manos del burukide Joseba Díez Antxustegi–, ha modulado su discurso para, entre otras cosas, vincular la migración al trabajo o, en una de las decisiones que más revuelo interno han provocado, dar a conocer en notas de prensa y estadísticas policiales el origen geográfico de los detenidos.

Con los menores extranjeros y las problemáticas que les afectan se ha tentado más la ropa, aunque, presionadas por la saturación de los centros de acogida, hace ya tiempo que las instituciones gobernadas por el PNV han roto su silencio para exigir un reparto más equitativo de los chavales no acompañados. Pues bien, ahora ha caído otro tabú, roto en este caso por los jeltzales alaveses y su diputado general, Ramiro González, al solicitar el Ejecutivo foral al Gobierno central que «inicie los trámites para el retorno a su país de origen» del menor, tutelado por la Diputación, acusado de la agresión homófoba a una pareja de jóvenes el pasado fin de semana en el Casco Viejo de Vitoria. Ayer mismo, la alcaldesa de la capital alavesa, la socialista Maider Etxebarria, abría otro frente con sus socios al preguntarse «qué hacía» un menor tutelado de madrugada en la calle.

Con este último caso, en el que los servicios sociales forales ven «absoluta falta de adaptación» y «nula voluntad de integrarse» en la sociedad, ya son nueve las expulsiones solicitadas a la subdelegación del Gobierno, el órgano competente para «incoar el procedimiento de repatriación del menor», cuando se considere que su «interés superior» se satisface con la reagrupación familiar o la puesta a disposición de los servicios sociales de su país de origen.

El paso al frente de la Diputación alavesa, que no es nuevo, ha causado, en todo caso, impacto porque supone un salto cualitativo en las políticas de las institiuciones vascas, que no ha tenido precedentes, hasta ahora, ni en Gipuzkoa ni en Bizkaia, igualmente con responsables políticos del PNV al frente de Acción Social. Sin embargo, igual que sucedía con la decisión de dar los datos de procedencia de los detenidos –contra cuya aplicación se ha rebelado, entre otras instituciones, el Ayuntamiento de Bilbao–, el EBB avala la decisión de la Diputación alavesa. Fuentes oficiales de la dirección jeltzale consultadas por este periódico enfatizan la exigencia de que «las personas que son acogidas por nuestras instituciones y nuestra sociedad» contribuyan a la «cohesión social» y «respeten las normas que nos hemos dado». «La integración es un proceso que requiere también del compromiso de la persona migrante», subrayan en Sabin Etxea, que, en consecuencia, se abre a que «en los excepcionales casos en que se constate que esto no es así» las instituciones puedan hacer uso de «las distintas vías establecidas en el ordenamiento jurídico para que la administración competente pueda actuar». Es decir, pueda iniciar el proceso de expulsión, algo que no ha sucedido en ninguno de los nueve casos sobre los que la Diputación alavesa ha dado la voz de alarma.

Sabin Etxea ofrece así un paraguas a las instituciones gobernadas por el PNV para poder actuar –aunque sus competencias son meramente asistenciales y la decisión última es de Extranjería– en un contexto de creciente preocupación social por la seguridad, en el que se inscribe también su reciente apoyo a la ley para atajar la multirreincidencia. El PNV subraya que la inmigración es «una oportunidad estratégica» para Euskadi que no puede ser «improvisada», sino que requiere de los principios de «humanidad y firmeza» para garantizar la cohesión. Se da la circunstancia de que PNV y PSE cargaron duramente, hace ahora justo un año, contra el PP y su líder en Euskadi, Javier de Andrés, por pedir la deportación de menas. La diferencia es que el dirigente popular lo hizo con carácter general – «estarían mejor en sus países y con sus familias»– aunque el mensaje le valió que jeltzales y socialistas le tildaran de «xenófobo».

En Bizkaia, las instituciones forales no han adoptado por el momento ninguna decisión para solicitar la repatriación de menores –tampoco en Gipuzkoa– pero el PNV del territorio no descarta que pueda hacerse en el futuro si las circunstancias lo aconsejan. «Hay que mirar caso por caso, pero no se descarta», abundan.

A un año de las elecciones forales, la Diputación de Bizkaia ya ha reenfocado su discurso en dos cuestiones clave: la exigencia de ajustar los cupos de menores acogidos en cada territorio, unida a la denuncia sobre la actuación de «mafias», y la de que se hagan pruebas de edad en los centros de menores, una petición a la Fiscalía que este mismo jueves anunció la diputada vizcaína de Acción Social, Amaia Antxustegi.