La política migratoria británica está entrando en una nueva era. En un giro que rompe con décadas de tradición humanitaria, el Gobierno laborista de Keir Starmer ha decidido convertir el estatus de refugiado en el Reino Unido en algo provisional. Ya no será el inicio de una nueva vida estable, sino una protección temporal sometida a revisiones periódicas. El mensaje político es claro: Londres quiere dejar de ser percibido como un destino fácil para quienes cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

La reforma, presentada por la ministra del Interior, Shabana Mahmood, constituye uno de los cambios más profundos en el sistema de asilo británico desde la posguerra. El endurecimiento no llega en el vacío. Forma parte de una batalla política cada vez más intensa por el control del debate migratorio en un país donde el tema ha vuelto a situarse en el centro de la agenda pública. Tras su victoria aplastante en las elecciones de 2024, el Partido Laborista empieza a sentir el desgaste del poder en un contexto marcado por el aumento de llegadas irregulares, las protestas frente a hoteles que alojan solicitantes de asilo y el auge de nuevas fuerzas políticas que explotan el descontento social.

Alternativas al populismo
La alarma saltó definitivamente en Westminster hace unas semanas, cuando el Labour perdió el hasta entonces seguro escaño de Gorton and Denton en una elección parcial frente al Partido Verde, lo que demostró que el electorado progresista puede empezar a buscar alternativas para frenar el auge del populismo de Reform UK. Por lo que, con las elecciones locales y regionales de mayo en el horizonte, Downing Street ha decidido no esperar más y actuar.

Entre las nuevas medidas figura duplicar el tiempo necesario para obtener la residencia permanente, que pasará de cinco a diez años como norma general, aunque se dará prioridad a profesionales considerados esenciales como médicos, enfermeros y contribuyentes económicos. Además, se elevará el nivel de inglés exigido a los inmigrantes hasta un estándar equivalente al A-level, y se suspenderán las rutas de visado de estudiante para Afganistán, Camerún, Myanmar y Sudán debido a los altos niveles de permanencia irregular una vez expirado el visado.

En materia de asilo, el Gobierno revisará el estatus de refugiado cada 30 meses, con la posibilidad de devolver a los migrantes a su país si la situación se considera segura. También ofrecerá hasta 40.000 libras a las familias solicitantes de asilo cuya petición haya sido rechazada para que regresen voluntariamente a su país, o en caso contrario se enfrentarán a la expulsión. Paralelamente, el Ejecutivo pretende crear nuevas vías seguras y legales de migración para estudiantes, trabajadores y programas de patrocinio comunitario, similares a la iniciativa “Homes for Ukraine”.

La ministra del Interior ha defendido la reforma como una forma de “cambiar el cálculo” de quienes se plantean cruzar el canal en pequeñas embarcaciones. “Estamos cambiando una suposición histórica sobre lo que significa ser refugiado”, señaló la ministra. “Pasamos de un estatus permanente a uno temporal”, añadió.

Un modelo inspirado en Dinamarca
El modelo se inspira claramente en Dinamarca, donde el Gobierno socialdemócrata logró frenar el avance de la derecha populista endureciendo su política migratoria. Las solicitudes de asilo en ese país han caído a mínimos de cuarenta años, una evolución que muchos estrategas laboristas observan con interés.

Pero en Reino Unido el terreno político es más complicado. Por la derecha, Reform UK —liderado por Nigel Farage— considera que las medidas son insuficientes y exige decisiones mucho más drásticas, incluida la salida del Convenio Europeo de Derechos Humanos para facilitar las deportaciones. Por la izquierda, en cambio, parte del propio Partido Laborista acusa al Gobierno de adoptar el lenguaje de la extrema derecha.

Alrededor de cuarenta diputados laboristas ya han advertido que algunos cambios podrían ser “no británicos” y generar inseguridad jurídica para inmigrantes que llevan años viviendo y trabajando en el país. También temen que endurecer las reglas de residencia permanente agrave la escasez de mano de obra en sectores clave como el cuidado de mayores.

Preocupación entre las organizaciones humanitarias
Las organizaciones humanitarias también han expresado su preocupación. El Refugee Council advierte de que revisar constantemente el estatus de refugiado generará una incertidumbre permanente que dificultará la integración. “Si los refugiados sienten que tienen un pie en la sala de embarque, será mucho más difícil que encuentren empleo estable o construyan una vida aquí”, señalan.

El Gobierno, sin embargo, insiste en que el sistema actual es insostenible. Más de 100.000 solicitantes de asilo reciben actualmente apoyo estatal y decenas de miles siguen alojados en hoteles, una situación que se ha convertido en uno de los símbolos más visibles del fracaso de la política migratoria británica.