Una monitora y un auxiliar técnico educativo del centro de menores Tagoror declararon como testigos ante el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que varios jóvenes migrantes residentes en ese centro salían para acudir a la finca propiedad de Rafael Hernández, que está siendo investigado en el marco del caso COAG por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. También están imputadas su hija Elisa Hernández –directora del centro de menores Tagoror–, el marido de esta Cristian Ruano –encargado de la finca de Hernández–, Manuel Redondo –secretario técnico de COAG– y Cathy Godoy –trabajadora social de la Asociación Oportunidades de Vida–.

Ambos trabajadores, que comparecieron en calidad de testigos, coincidieron en señalar que los menores eran trasladados a una finca situada en Tafira, donde presuntamente realizaban labores agrícolas como plantar las papas de Hernández.

Una de las testigos, que ejercía como monitora y traductora en el centro, explicó al magistrado instructor que conocía estas salidas porque su trabajo incluía registrar los movimientos de los menores. «Sabía que los menores iban a las fincas porque tenía que apuntar sus nombres por la mañana», declaró. Según afirmó, sabía que iban a trabajar pero que en aquel momento «no era consciente de que no estaban autorizados a ir». La trabajadora situó estos hechos en 2023.

Durante su declaración también señaló que los menores recibían dinero tras ir a la finca. «Trabajaban las mismas horas, pero había diferencias en los salarios, ya que las cantidades variaban según comportamiento», dijo. Sobre quién organizaba las salidas, afirmó que las directrices eran del centro. «La trabajadora social era la que daba la instrucción de que los menores tenían que salir», manifestó.

«Tenía que ir a recogerlos»
Otro testigo que ejercía como auxiliar técnico educativo declaró al juez que durante su jornada tenía que ir a recoger a los menores a la finca y llevarlos al centro y que esta instrucción «se lo decía la jefa».

Este trabajador dijo que ocurrió principalmente en mayo y junio de 2023. «Los menores acudían al terreno con frecuencia; prácticamente todos los días, aunque no sé si a diario», señaló.

También apuntó que empezó a desconfiar de que se tratara de una actividad formativa por la duración de las jornadas y por el dinero que recibían los menores. «Desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde eran muchas horas», afirmó. Sobre el salario que recibían, aseguró que los chicos le contaban que cobraban pequeñas cantidades. «Les pagaban unos 25 euros a la semana, aunque dependía de como se habían comportado esa semana, igual hasta esa cantidad se reducía», indicó.

Con respecto al cuaderno de registro, el trabajador aseguró que en el libro ponía que los chicos «salían a trabajar». «Decidí conservar anotaciones de varios días cuando empecé a sospechar que podía haber irregularidades», detalló en sede judicial.

En su declaración también señaló que, tras la intervención policial en la finca, varios menores le contaron que en el centro se les pidió firmar documentos para justificar la actividad como formación: «Los chicos me dijeron que si no firmaban un papel diciendo que era un curso podían tener problemas».

No vieron violencia
Ambos testigos coincidieron en afirmar que no presenciaron episodios de violencia física para obligar a los menores a acudir a la finca de Hernández a presuntamente trabajar.

«Yo no vi nunca ningún gesto de violencia», declaró el auxiliar educativo, aunque añadió que los jóvenes sí se quejaban de las condiciones y del dinero que recibían.

«Un día preguntaron si alguien estaba interesado en trabajar y yo dije que sí, me pagaron 25 euros»
Un joven que acudió a trabajar siendo menor de edad a la finca investigada en el caso COAG declaró ante el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, que realizó labores agrícolas en ese terreno cuando tenía 17 años y que recibió 25 euros por jornada.

El joven explicó que llegó a Canarias en patera desde Marruecos en 2023 y que fue trasladado al centro de menores Tagoror, en Tafira. Según relató, fue allí donde un educador preguntó si alguien estaba interesado en trabajar en una finca. «Un día preguntaron si alguien estaba interesado en trabajar y yo dije que sí», afirmó durante su declaración.

El joven aseguró que acudió dos veces al terreno junto a otros residentes del centro. «Fuimos cuatro personas del centro», indicó en sede judicial.

Sobre las tareas que realizaban, explicó que se trataba de labores agrícolas. «Trabajábamos con la tierra, recogiendo papas y sembrándolas», señaló.

También detalló que la jornada se extendía durante gran parte del día. «Por la mañana íbamos a la finca, luego volvíamos al centro a comer y después regresábamos a trabajar también por la tarde», relató.

El menor afirmó que al terminar recibía el dinero que le habían prometido. «Me pagaron 25 euros», dijo, añadiendo que no firmó ningún documento antes de acudir a trabajar.

Durante su declaración también recordó que en una de las ocasiones en las que se encontraba trabajando apareció la Policía Nacional en la finca. «Estábamos trabajando cuando vino la Policía nos sacaron de allí», manifestó.

El joven añadió que no recibió formación agrícola antes de acudir a la finca. «Esa formación llegó posteriormente», relató ante el magistrado instructor.