El Consejo de Ministros rubricó ayer el derecho al acceso universal a la sanidad para todas las personas que viven en España, estén o no en situación irregular. Con la aprobación del real decreto que garantiza la atención sanitaria pública a los inmigrantes que la soliciten con el único requisito de llegar a las puertas de un centro sanitario, el Gobierno vuelve a provocar una peligrosa deriva que va a llevar definitivamente al límite al ya de por sí colapsado sistema sanitario. Máxime cuando esta nueva decisión populista, que se ha tomado sin medir sus consecuencias económicas ni sociales y a espaldas de los profesionales, va a disparar el turismo sanitario al suprimir de golpe todas las cortapisas legales que sostenían la última barrera ante la «invasión», que se cierne sobre los hospitales. Una barra libre sin fecha de caducidad, que no pasará del trámite parlamentario por la soledad del Gobierno. Que así sea.