Es un fenómeno que observa con relativa frecuencia en su propio negocio de Pasaia. «Suelen venir a colocar carteles en los que se anuncian alquileres … de pisos sin empadronamiento. En otros casos, se están ofertando empadronamientos como un negocio más, sin posibilidad de residir en ninguna vivienda. Son anuncios que acabo arrancando». La primera vez que lo hizo Beatriz Pareja, recibió poco después la visita de la misma persona que había colocado previamente el cartel.

«Le pregunté por qué ponía ese tipo de anuncios que mercadeaban con un derecho básico y me respondió que recibía ayudas por ello. Por lo general son inmigrantes que ya llevan un tiempo viviendo aquí y que parecen aprovechar la actual situación. La verdad es que se está haciendo negocio de la necesidad. Hay muchas personas que me vienen pidiendo una habitación en la que les empadronen. Yo les digo que llamen a alguno de los anuncios que están expuestos, y su respuesta es siempre la misma: les dicen que no, que no empadronan», asegura la titular del Locutorio Interphone1 de la calle Hamarretxeta de Pasai Antxo.

Se trata de la misma situación que reflejan otros locutorios consultados. Aunque existen herramientas para que todas las personas puedan constar en el registro municipal del pueblo o ciudad donde viven, la realidad es bien diferente a pie de calle.

«Por lo que vemos, casi todas las habitaciones de alquiler disponibles en la zona son actualmente sin padrón», asegura Pareja, que apunta a la falta de transparencia de algunos ayuntamientos sobre los protocolos de empadronamiento, una situación que parece estar dejando fuera a personas en situación de extrema vulnerabilidad y que alcanza su máxima expresión entre quienes viven en la calle, en chabolas, en edificios abandonados o habitaciones realquiladas.

El empadronamiento es un derecho y un procedimiento administrativo obligatorio para todas las personas que residen en un municipio, independientemente de si tienen o no una vivienda estable o de su situación legal. No tener domicilio fijo no es un impedimento para empadronarse, y los ayuntamientos están obligados a proporcionar alternativas.

El senegalés Alhagi Saine vive en Trintxerpe desde hace un año pero todavía está empadronado en Santander. Se quiere cambiar de piso. «Es muy difícil la convivencia con la persona con la que resido actualmente. No tengo relación con él. Solamente nos saludamos y poco más», confiesa este africano de 52 años para quien, «más allá del empadronamiento, lo realmente preocupante es no encontrar una alternativa habitacional». Se trata de dos problemas en uno. Le está resultando imposible a pesar de contar con un trabajo estable.

Realiza labores de limpieza en el restaurante Gandarias de la Parte Vieja de Donostia. «Todavía no me he empadronado, y probablemente lo haga el mes que viene, una vez que renueve los papeles del permiso de residencia. Pero el verdadero problema aquí es encontrar un lugar en el que vivir. Es muy difícil. Me pasé un año buscando un piso. Estuve viviendo en una casa vieja de Altza. Tan sólo disponía de un colchón tirado en el suelo de una habitación por la que pagaba 250 euros», relata el senegalés, que admite estar encontrando muchas más dificultades de las previstas para dar el salto a una vivienda que se acomode a sus necesidades.

Un problema que a pie de calle es una constante. Oualamissa Kone es butanero, habitual en el reparto por Trintxerpe, Oiartzun y Errenteria. «Me ha costado muchísimo encontrar una vivienda. Residía en Irun, en un piso compartido, y me apunté a todas las inmobiliarias habidas y por haber, pero no había manera. Por suerte, por mediación de un amigo, he dado por fin con una vivienda que más o menos se acomoda a lo que buscaba. Vivo ahora en Errenteria con mi hijo», confiesa este hombre de 56 años de Costa de Marfil. «He buscado una alternativa, sobre todo pensando en mi hijo, en que esté lo más cómodo posible y pueda estudiar», detalla.

Kone y Saine, pese a todo, son dos personas con trabajo estable, vivienda e ingresos. Las entidades sociales aseguran que las mayores dificultades para inscribirse en el padrón municipal las atraviesan las personas sin hogar. El análisis de la normativa aplicable y la jurisprudencia actual en la materia refleja que el ordenamiento jurídico promueve el empadronamiento de todas las personas, sea cual sea su situación.

El marco legal, sin embargo, contrasta con la actuación real de las administraciones públicas, «que frecuentemente obstaculizan el empadronamiento de un colectivo que no dispone de recursos para actuar contra las trabas indebidas».