Hasta 300 euros por una dirección. En Gipuzkoa, el empadronamiento, un trámite obligatorio que acredita dónde vive una persona, se ha convertido en objeto de … compraventa en un mercado clandestino que se lucra con la exclusión. Las dificultades para acceder al padrón municipal, especialmente entre personas migrantes sin vivienda estable, están alimentando una red irregular que convierte un derecho básico en mercancía.

El fenómeno, denunciado por entidades sociales del territorio, se ha intensificado en los últimos tiempos al calor de la precarización del acceso a la vivienda, el endurecimiento de ciertos requisitos municipales y la falta de aplicación homogénea de criterios en Euskadi. «El negocio detrás del padrón surge cuando las dificultades de tipo legal o las que impone la propia administración son, como ocurre en la actualidad, insalvables», asegura Mikel Mazkiaran, abogado en la Federación estatal de SOS Racismo.

El padrón no es un permiso de residencia más ni una regularización administrativa. Es, simplemente, la constatación de que una persona vive en un municipio determinado. Sin embargo, su importancia es capital: sin padrón no hay tarjeta sanitaria, ni acceso a ayudas sociales, ni posibilidad de acreditar el arraigo necesario para regularizar la situación administrativa.

‘Sin padrón no existo’. Es precisamente el lema del manifiesto suscrito este año por diversas entidades de Gipuzkoa con motivo de la XXIX Martxa contra el Racismo y la Xenofobia, que recorrerá el 22 de marzo las calles desde Pasaia hasta Donostia. El mensaje es claro: mientras el padrón siga siendo una puerta cerrada para quienes más lo necesitan, el mercado clandestino seguirá encontrando terreno fértil. Y en ese intercambio de dinero por dirección, lo que se está comprando no es un trámite más, sino la posibilidad de existir ante la Administración. «Se están lucrando con situaciones de pura necesidad. Necesitaba el empadronamiento cuanto antes, una vez agotado el plazo de turista cuando vine aquí desde Nicaragua», confiesa María López. «Lo necesitaba para acceder a servicios como sanidad y educación. Me pidieron 150 euros, que pagué a una compatriota que me alquilaba el piso», señala esta mujer de 57 años residente en Donostia.

Entidades sociales alertan de que, a falta de otras alternativas, personas en situación vulnerable están pagando cantidades que oscilan entre 150 y 300 euros por figurar empadronadas en domicilios donde no residen realmente o en viviendas donde el propietario acepta inscribirlas a cambio de dinero. Se trata de una práctica irregular que expone tanto a quien paga como a quien ofrece la dirección a posibles sanciones administrativas.

Detrás de este mercado no hay fraude organizado a gran escala, subrayan las organizaciones, sino necesidad. La urgencia de «personas sin contrato de alquiler, trabajadoras del hogar internas, quienes viven en habitaciones realquiladas sin autorización del propietario» o quienes residen en chabolas, caravanas o infraviviendas. Mazkiaran lo tiene claro. «Si hubiera más flexibilidad por parte de los municipios, en el empadronamiento no sería necesario acudir a ese otro tipo de negocio que está por ahí montado», subraya. El resultado es un círculo perverso: sin padrón no hay derechos, y sin derechos no hay posibilidad de salir de la exclusión. «Es más necesario que nunca alzar la voz y apostar por un padrón municipal real que termine con el mercado vergonzoso de venta de padrones y garantice una sociedad donde nadie sea invisible», defienden los colectivos sociales adheridos al manifiesto.

Recuerdan en ese sentido que el pasado año Eudel —la asociación de municipios vascos— elaboró un documento que establece criterios y directrices comunes para facilitar el empadronamiento de personas en situaciones especiales. El texto fue aprobado por unanimidad de todos los partidos. Su aplicación, sin embargo, no es homogénea en todos los ayuntamientos de Euskadi.

La asociación de municipios vascos dio su visto bueno en junio de 2025 al padrón social para tratar de poner freno a los abusos que se daban. El documento incluye en sus criterios la posibilidad de empadronar en un «domicilio ficticio» a personas a quienes se les está negando este derecho. El objetivo es que «dejen de ser invisibles a los ojos de las autoridades», para que no continúen pagando por el padrón a unas redes que se están lucrando y que están proliferando en los últimos años al calor de la crisis de vivienda.

El manifiesto subraya que el empadronamiento es un acto obligatorio según la legislación vigente y que los ayuntamientos deben empadronar a toda persona que viva en el municipio, independientemente de su situación administrativa. «El padrón debe ser un espejo que refleje y dimensione la realidad demográfica local», señalan las entidades, que consideran que negar o dificultar la inscripción distorsiona esa realidad y agrava la exclusión.

Insisten en que uno de los puntos centrales es la exigencia de implementar de forma real el denominado «padrón social», que contempla hacerlo en domicilios ficticios para personas sin techo o que residen en infraviviendas donde no pueden recibir notificaciones. «Es una medida que no se está activando y, por cierto, en esta cuestión no hay distinciones políticas. En la mayor parte de municipios de Gipuzkoa, tanto gobernados por PNV como Bildu, no están haciendo nada para poner en marcha el empadronamiento social», asegura Mazkiaran, que insiste en que se trata de un derecho y de una obligación.

Detalla que todo municipio está obligado a tener un registro de las vecinas y vecinos que viven en la localidad a través del padrón. «Esta es una cuestión que se olvida con mucha frecuencia», asegura el letrado, que incluye a quienes viven en situaciones de «vivienda insegura», como trabajadoras del hogar internas o personas acogidas por familiares que temen perder su alojamiento o empleo si solicitan el empadronamiento.

«Muchos municipios lo que tienen en la cabeza es el efecto llamada. Que una localidad introduzca mejoras y sea más flexible despierta el temor de que personas de otras localidades acudan a ese municipio a pedir el empadronamiento», subraya el letrado. A su entender, «ese efecto llamada lo que hace es generar un repliegue hacia políticas y prácticas que deberían ser menos rígidas».