Miles de ‘sin papeles’ que no cumplieron los requisitos hace un año están siendo invitados a intentarlo de nuevo en contra del Reglamento de Extranjería Los mensajes de dureza que está lanzando el Gobierno en materia de inmigración no se corresponden con la realidad. De hecho, miles de inmigrantes que se quedaron apeados de la regularización al no cumplir los requisitos tienen ahora la oportunidad de lograr los papeles, según una instrucción de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Aquellos extranjeros que no fueron dados de alta en su día en la Seguridad Social por sus empresarios podrán ahora obtener los permisos si encuentran una empresa que los contrate.

En esta repesca se da una nueva oportunidad a aquellos extranjeros que se quedaron apeados de la regularización de 2005 por dos motivos: o porque no fueron dados de alta en la Seguridad Social por parte del empleador o porque la empresa que les iba a contratar tenía deudas.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona informaron ayer de que, en efecto, los trabajadores extranjeros podrán acogerse a esta opción, puesto que, en principio, ellos no tenían la culpa de esta situación, sino que los problemas atañían sólo a los empresarios.

Sin embargo, la instrucción gubernativa, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, vulnera la orden que desarrollaba el Reglamento de Extranjería. En ella se establecía como requisitos imprescindibles que el trabajador fuera dado de alta en la Seguridad Social y que las empresas estuviesen al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de sus cuotas a la Seguridad Social.

Es más, según el Ministerio de Trabajo, la autorización de trabajo y residencia concedida estaba condicionada a que, en el plazo de un mes, se produjese el alta del trabajador en la Seguridad Social. Si en ese periodo de tiempo no se efectuaba el alta, la autorización quedaba sin efecto. Precisamente, la vinculación entre el permiso de residencia y el alta en la Seguridad Social era la base de todo el proceso y uno de sus requisitos más novedosos. Ahora, miles de inmigrantes a los que sus empresas les dejaron tirados o que, sencillamente, tenían contratos falsos tendrán una segunda oportunidad, a pesar de que ésta no venía recogida en el Reglamento.

Desde la Subdelegación del Gobierno argumentan que a estos extranjeros no se les denegaron los papeles en su día, sino que se les mantuvo en espera. Ahora, un año después, los inmigrantes están comenzando a recibir cartas personales en las que se les explica que si encuentran una empresa que les contrate «durante el mes de septiembre de 2006 podrán solicitar la continuación del procedimiento de normalización y se les indica, día, hora y lugar para formalizar dicha solicitud, así como la documentación que es necesario presentar».

La Subdelegación considera que con esta medida se intenta hacer justicia y los inmigrantes ni tan siquiera deberán volver a entregar todos los papeles que presentaron durante la regularización, sino que bastará con una copia del resguardo de la solicitud. Entre los documentos exigidos se encontraba el pasaporte, el certificado de empadronamiento anterior al 8 de agosto de 2004 y el de antecedentes penales.

Paradójicamente, esta instrucción, que puede afectar a más de 4.000 personas según Comisiones Obreras, tan sólo se ha distribuido a los extranjeros residentes en Cataluña y en algunas zonas de Toledo. Ni en las Delegaciones del Gobierno de Madrid ni en la de Andalucía ni en la de la Comunidad Valenciana tenían ayer conocimiento de esta orden y aseguraron a este diario que la regularización había terminado y que no era posible una repesca como la que está teniendo lugar en Cataluña.

Es decir, se puede dar la circunstancia de que un inmigrante al que su empresa dejó tirado consiga ahora los papeles si encuentra otra compañía que le contrate y reside en Barcelona, pero si vive en Madrid se quedará de nuevo en la cuneta.

Ésta no es la primera vez que el Gobierno da otra oportunidad a los extranjeros que no lograron los permisos. En su informe anual del 2005, el Sindic de Greuges [Defensor del Pueblo catalán] también hablaba de este sistema de repesca que estableció la Administración para determinadas «situaciones excepcionales, imputables al empresario que afectaban al inmigrante de manera desfavorable». Sin embargo, el Sindic criticaba la opacidad del Ejecutivo, ya que la medida se ha articulado «a través de una nota informativa, que se ha ido divulgando entre las entidades que trabajan con los inmigrantes y con un sistema de información personalizada, vía cita previa, pero no a través de una publicación en un diario oficial, como hubiera sido necesario».

El proceso extraordinario de regularización de 2005 se prolongó durante tres meses, desde el 7 de febrero hasta el 7 de mayo, y el Gobierno repitió por activa y por pasiva que no se iba a prolongar en el tiempo. En él se presentaron casi 700.000 solicitudes, de las que se resolvieron positivamente más de 500.000. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se jactó que el Gobierno iba a ser «rigurosísimo» con los requisitos y de que no se iba a producir ningún fraude.