LUIS IGNACIO PARADA/

MIENTRAS se esclarecen las auténticas causas «técnicas» del aplazamiento de la repatriación de inmigrantes a Senegal, sobre las que habló ayer Moratinos en Bruselas, no será inútil recordar el desbarajuste de competencias que existe en materia de inmigración. En primer lugar, el Artículo 149 de nuestra Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre Nacionalidad, Inmigración, Emigración, Extranjería y Derecho de asilo. Por tanto es una competencia que no está transferida a las Comunidades Autónomas, sino repartida entre los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, y Trabajo y Asuntos Sociales por acuerdos del Consejo de ministros. El viernes pasado sin ir más lejos, el día que se unificó el mando Policía y Guardia Civil, el Gobierno creó una dirección general de Relaciones Internacionales y Extranjería, en el Ministerio del Interior, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

En segundo lugar, el artículo 34 de la Ley de Extranjería dice que el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior manifestando que por cualquier causa insuperable no pueda ser documentado por las autoridades de ningún país, podrá excepcionalmente obtener un documento identificativo. Por eso todos los que llegan en pateras, cayucos o barcos negreros como el avistado anoche están instruidos por las mafias para ocultar su nacionalidad.

En tercer lugar, las competencias en materia de inmigración y asilo ya están transferidas a la UE por el Tratado de Ámsterdam. El Consejo y la Comisión han redactado tres directivas para una gestión más eficaz de los flujos migratorios. Pero nunca se han publicado en el Diario Oficial. Y, para colmo, el fracaso de la Constitución Europea, que enunciaba en el artículo 268 el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad y el coste financiero en la gestión de fronteras ha impedido hasta ahora una política común europea de inmigración. Todo un caos.