El PP ha encontrado en la ley contra la multirreincidencia en hurtos, que se tramita en el Senado tras su aprobación en el Congreso, una vía para acotar la regularización masiva de inmigrantes que prepara el Gobierno de PSOE y Sumar. El Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta ha registrado cinco enmiendas, a las que ha tenido acceso ABC, que persiguen, entre otras cosas, que los extranjeros no puedan optar a la residencia en España con una simple declaración responsable en la que aseguren no tener antecedentes penales sin necesidad de demostrarlo documentalmente.
El real decreto del Ejecutivo para esta regularización extraordinaria, que no necesita la convalidación de la Cámara Baja porque no tiene rango de ley, prevé que una declaración responsable de ausencia de antecedentes penales sea suficiente para acceder a la residencia en los casos en los que los interesados acrediten haber solicitado la documentación pertinente a sus países de origen o de residencia en los últimos cinco años si no han recibido respuesta. Para el PP, esto supone «un coladero» que puede afectar a la seguridad y legalizar la estancia en el país de personas que se dediquen de forma reincidente al hurto y la estafa.
El trabajo en estas enmiendas lo ha liderado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y se divide en tres ejes de acción: evitar que la regularización masiva del Gobierno beneficie a delincuentes, reforzar la Administración de Justicia con la ampliación del número de fiscales y modificar el Código Penal para reforzar la lucha contra el ‘petaqueo’ —la práctica de almacenar o transportar combustible para lanchas dedicadas al narcotráfico— aún más de lo previsto en la norma aprobada por el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular del Senado modifica el título de la norma, capitaneada por Junts en la Cámara Baja, porque pasa de retocar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal a introducir cambios también en la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. «Datos publicados por cuerpos policiales autonómicos han revelado que, en determinados territorios, las detenciones crecen singularmente entre ciudadanos extranjeros, pese a representar una cifra minoritaria entre la población total de esos territorios, apreciándose también en el marco de la multirreincidencia. En este sentido, los cuerpos policiales autonómicos que han empezado a publicar el perfilado de sus detenidos en 2025 confirman una tendencia y señalan el mismo perfil: varón joven, extranjero y multirreincidente», justifica el PP.
«Afinidad con las materias»
Asimismo, sabedor del riesgo de que el Gobierno intente argumentar que las enmiendas no tienen conexión con la ley, el PP cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que esa relación «no tiene que ser de identidad con las medidas previstas en el texto de la iniciativa, sino de afinidad con las materias recogidas en el mismo». Es decir, cualquier norma puede ser modificada siempre y cuando guarde un vínculo con su objeto, que no es otro que combatir la multirreincidencia en hurtos y estafas.
La enmienda mollar que introduce el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta y, por tanto, asegurada la aprobación de todas sus propuestas, es la que modifica la ley de extranjería para añadir un nuevo artículo 31 ter. En él se deja claro, negro sobre blanco, que la carencia de antecedentes penales para acceder a la residencia deberá «acreditarse mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes». «En ningún caso, la imposibilidad de la obtención de dicha certificación, la falta de respuesta de autoridades extranjeras o la inactividad administrativa podrán dar lugar a presunciones automáticas favorables ni a la sustitución de este requisito por otros medios como declaraciones responsables», agregan los populares, en un giro de 180 grados respecto al decreto gubernamental.
Los conservadores, de nuevo para fundamentar la conexión con la norma procedente de la Cámara Baja, inciden: «La multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si el ordenamiento permite que personas con antecedentes penales relevantes, obtenidos en otros Estados o no debidamente contrastados, accedan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo».
Quiere endurecer las penas contra el ‘petaqueo’ y ampliar el número de fiscales a un ratio de uno por cada 100.000 habitantes
Esta no es la única corrección del texto que plantean. También cambian la redacción del nuevo apartado del Código Penal para combatir el ‘petaqueo’ —dejan las penas previstas de tres a cinco años de prisión en vez de uno a cinco—, fijan un periodo de dos años para que las fiscalías de área, provinciales y de comunidad autónoma se amplíen a un ratio de un fiscal por cada 100.000 habitantes, y hacen que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y no veinte después, como figura en la iniciativa que salió del Congreso. La Cámara Baja deberá posicionarse sobre los cambios que introduzca el Senado por lo que el papel de Vox, Junts y el PNV —los partidos que apoyaron la ley además del PSOE— será determinante para que triunfe esta estrategia de los populares.
Contra hurtos y estafas
En términos generales, la ley endurece las penas en los delitos de hurto. Hasta ahora, si se acumulaban tres delitos leves —inferiores a 400 euros—, se imponía pena de seis a dieciocho meses de cárcel siempre que el montante superase esa cantidad económica. Esta ley plantea que se castigue así aunque los tres hurtos leves no rebasen los 400 euros. Además, en el artículo 235 del Código Penal, que contempla penas agravadas de uno a tres años de prisión, se modifica el apartado siete para que entren en esa categoría los culpables de tres delitos «menos graves o graves» y se añade un décimo para el robo de dispositivos móviles que contengan datos personales. Se hacen idénticas modificaciones para los supuestos de estafa.