MARGARITA SÁENZ-DIEZ TRIAS

Su cerrado acento canario impide imaginar que nació en el Guinardó (Barcelona), en 1944. Cuando era diputado del Congreso, trabajaba con la misma tenacidad que ahora despliega en el archipiélago. Sus propuestas innovadoras apuestan por devolver a tierra africana a los pasajeros de los cayucos, que, según la normativa internacional, son náufragos. Eso tendría que hacerse mucho antes de que esas embarcaciones se aproximaran a Canarias. ¿Será una solución?

—La vicepresidenta del Gobierno ha endurecido su postura con respecto a la inmigración.
—No lo creo. Ha reiterado el compromiso inexorable del Gobierno con el contenido de la ley de extranjería.

—¿Debe modificarse?
—Opino que esa ley debería ser objeto de algunos retoques en cuestiones que la hicieran más operativa.

—Por mucho que se diga, serán muchos los inmigrantes ilegales que no se puedan repatriar.
—Hay que integrarlos en la sociedad. Al margen de los refugiados políticos, que son pocos, para los otros hay que habilitar cupos laborales y pactar con las estructuras empresariales para que puedan tener cabida provisional en trabajos de recolecta de fruta, de ejecución de determinadas obras y otras ocupaciones.

—¿Dramatiza en exceso el Gobierno autónomo canario?
—Ha impulsado voluntariamente un mensaje mediático plañidero y enmascarador de la verdad. Cuando los inmigrantes arriban a un puerto, antes han sido salvados por la Administración del Estado. Después, toda la evolución de su situación corre también a cargo del Estado. Y en la Península, cuando se hacen cargo las oenegés y las propias comunidades autónomas, reciben flujos financieros del Ministerio de Trabajo. Los que van a cargo del Gobierno autónomo canario son los menores no acompañados, por cierto, cada vez más numerosos.

—Siguen llegando cayucos.
—El terrible fenómeno de la inmigración irregular por mar debe tener un tratamiento rotundamente diferenciado del resto de los inmigrantes que llegan por otras vías: en tren, en autobús, en avión.

-¿Porque aquellos arriesgan gravemente sus vidas?
—Supone un éxodo humanitario impactante de miles de seres humanos que se juegan la vida a la desesperada. Han hecho juramentos hipocrá ticos con ellos mismos, con sus familiares, con el entorno de su aldea. Y cuando se adentran en aguas territoriales españolas hay que salvarles la vida y traerlos a tierra.

—¿Qué sugiere?
—De acuerdo con los de la Organización Marítima Internacional (OMI), de Naciones Unidas, y con los convenios internacionales sobre salvamento de vidas en el mar, todo cayuco que lleve aproximadamente un centenar de pasajeros es una embarcación con náufragos a bordo porque carece de los elementos tecnológicos que le permitan garantizar la vida en el mar.

—Es una evidencia.
—Son náufragos desde el momento en que se suben a un determinado cayuco en el litoral africano. Yo me niego a considerarlos inmigrantes irregulares. Son náufragos.

—¿Qué hacer entonces?
—El Reino de España tiene asignada por la Organización Marítima Internacional la responsabilidad sobre tres láminas de agua. Una de ellas, la denominada SAR Canarias, tiene más de 1.000 kilómetros cuadrados de extensión. En consecuencia, España está obligada a acudir al salvamento de los náufragos en esa lámina de agua y llevarlos al punto de tierra más cercano.

—¿Tal cual?
—La zona de responsabilidad española llega hasta la misma orilla de Mauritania o de Senegal. Si nuestros barcos se sitúan a unas 25 millas del litoral, en un perímetro de unos 300 kilómetros, se pueden localizar los cayucos y llevarlos hasta el lugar más próximo del litoral africano, que obviamente no sería Canarias.

—¿Y si no los aceptan?
—Desestimada la suposición, porque tienen que aceptarlos.

—Si usted lo dice…
—De esa forma, el Gobierno de España colaboraría en una inmensa labor humanitaria, que sería la de evitar los graves riesgos que corren decenas y decenas de cayucos, con miles de seres humanos a bordo, que intentan hacer un recorrido de 1.500 kilómetros en condiciones adversas de la mar, a bordo de embarcaciones no idóneas.

—¿Y por qué no se intenta?
—Lo están comenzando a hacer Frontex (la agencia europea para la gestión de la cooperación en las fronteras exteriores de la UE) y el Gobierno de España, lo que me parece muy satisfactorio.

—¿Desde cuándo?
—Esta operación se está vertebrando en los últimos meses. Hasta ahora teníamos embarcaciones patrullando a unas 30 millas de Canarias. Arriba el cayuco, se hace la labor humanitaria de salvamento y se les lleva al punto más cercano, el archipiélago canario. Esos pobrecillos náufragos, cuando se llevan a territorio español, son personas que han entrado irregularmente.

—Es una alternativa innovadora.
—Creo que el Gobierno está en el camino idóneo de las soluciones perdurables para un fenómeno singular, todavía con el débil apoyo comunitario. Y, ojo, que nos van a seguir viniendo de más al sur.