Agentes de la

Policía Canaria

registraron este martes las

instalaciones de un centro de acogida para menores migrantes no acompañados

situado en Puerto de la Cruz (Tenerife), y

detuvieron a tres exempleados del establecimiento

, gestionado por la entidad

Quorum Social 77. La investigación, bautizada como

‘Operación Cabila’

, permanece abierta y las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones, según informó el Gobierno regional.

Las diligencias,

bajo secreto de sumario

, están dirigidas por el Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por

presuntos malos tratos a menores. El registro de Puerto de la Cruz se suma al cierre previo de otras dos instalaciones en Gran Canaria vinculadas a la misma organización.

Quorum Social 77 es, con diferencia, la empresa que mayor volumen de fondos públicos ha percibido del Ejecutivo canario para administrar centros de acogida de menores migrantes.

Desde 2020, la entidad ha ingresado más de 200 millones de euros para gestionar decenas de establecimientos repartidos por el Archipiélago.

No es la primera vez que la organización se ve envuelta en este tipo de señalamientos. Entre mayo y julio de 2025, la titular del juzgado ya ordenó el cierre de un centro en

Santa Brígida,

el

Fortaleza I,

que atendía a

45 jóvenes inmigrantes

, así como otra instalación en Arinaga con

148 chicos

, además de la sede de la entidad en

Las Palmas de Gran Canaria.

Pero no fueron los únicos, ya que a finales de año, la Policía Canaria registraba otro hogar de acogida en

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

y se procedía a la detención del

subdirector

y un

educador.

La

directora general de Protección del Menor del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez

, ha asegurado este martes que el centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz “funciona correctamente” y permanece abierto, pese a las

denuncias de presuntos malos tratos interpuestas por un grupo de menores en abril del año pasado.

Aquellas denuncias desencadenaron una inspección del Ejecutivo autonómico y el despido inmediato por parte de la ONG gestora, Quorum Social 77, de los dos trabajadores señalados – junto a otros cinco – a petición del Gobierno. Tres de ellos se encuentran actualmente detenidos. Rodríguez ha justificado que el recurso, que acoge a unos

130 menores

, sigue operativo al no existir orden judicial en su contra y porque

los propios jóvenes alojados reconocen que la situación “es mejor” desde los despidos.