Carmen Merino

El rechazo por mayoría en el Congreso de la moción de CC tendente a incrementar el control de los inmigrantes que llegan por las fronteras demuestra bien a las claras lo imposible que resulta un supuesto pacto de Estado por la inmigración. Primero, porque a la mayoría del país, al menos a sus representantes en las Cortes Generales, les importa bien poco la situación. Al menos todavía. No tanto porque sus índices de población extranjera sean menores al de Canarias –Madrid es un ejemplo de todo lo contrario–, sino porque están alejados emocionalmente del impacto que supone la llegada a sus territorios de cientos de personas en condiciones penosas y con las que literalmente no se sabe qué hacer.

Además, esa especie de puritanismo progresista que ilumina a los socialistas se ha contagiado a buena parte del resto de la Cámara, con excepción del PP, que practica sus propios puritanismos, y de CC, que sólo entiende de intereses concretos, que en ocasiones coinciden con los de Canarias y a veces son exclusivamente privados.

Por eso, el PSC y los restantes grupos parlamentarios, a excepción de los citados, se negaron ayer a apoyar una moción de CC que iba a ser en principio aprobada con diversas incorporaciones tras aceptar los nacionalistas canarios una aportación del PP que, entre otras cuestiones, proponía el despliegue de la Armada en las aguas internaciones de Mauritania y Senegal.

Es lógico que el portavoz nacionalista, Paulino Rivero, aceptara la propuesta popular, aun arriesgándose a perder el apoyo de los restantes grupos y la propia moción. Más que nada porque el propio presidente del Gobierno canario salía ayer en todos los periódicos isleños considerando «patético» que no se emplee la Armada para patrullar las aguas internacionales con carácter disuasorio mientras que no hay ningún problema en utilizarla frente a las catástrofes naturales y las actividades humanitarias. Curiosamente, también Médicos del Mundo aclaró ayer que no tiene intención de participar en esta crisis, tal vez porque no se han dado cuenta de que son miles de personas las que perecen en el océano y prefieren entender que se trata exclusivamente de un problema del primer mundo. Y con su pan se lo coman.

También honra a Paulino Rivero haber defendido la aceptación de la enmienda del PP con el argumento de que no vale rechazar enmiendas en función del color político de quien las haya presentado, porque de lo que se trata es de estar a la altura de lo que exigen los ciudadanos canarios.

Seguramente se trata de una coincidencia sólo estratégica. Pero si a ella unimos los ataques desproporcionados y extemporáneos del Gobierno central, por boca de María Teresa Fernández de la Vega, al Gobierno canario y la querencia natural de Rivero por la derecha, se podría llegar a pensar que está pasando algo.