El debate en torno a la conveniencia de informar o no sobre el origen de las personas detenidas llegó al Pleno de Irun a … través de una moción presentada por el grupo popular, y una alternativa a la misma suscrita por EAJ – PNV. Ambas, con diferentes matices, coincidían en defender la postura de ofrecer esta información en aras de la «transparencia», pero ninguna de las dos logró la aprobación del Pleno.

El PP, en voz de la concejal irunesa Carlota Sanz, defendió una moción en la que solicitaban que la Policía Local informe sobre la nacionalidad u origen de los detenidos: el texto hacía referencia a que la Ertzaintza «ha incorporado en sus comunicaciones estadísticas y notas informativas datos sobre el origen de las personas detenidas, junto con otros datos tradicionalmente facilitados como edad, sexo o antecedentes penales».

Los populares argumentaron que esta medida permite «una interpretación rigurosa de los fenómenos delictivos desde una perspectiva estadística y criminológica, además de evitar bulos y desinformación». Carlota Sanz aseguró que «no podemos combatir un problema si no conocemos su dimensión. No se trata de señalar ni de generar prejuicios, sino de combatir bulos y ofrecer datos contrastados».

El portavoz de EAJ – PNV, Gorka Álvarez, afirmó que «los datos reflejan que vivimos en una ciudad con ciertos problemas de inseguridad. Pero no aceptamos que esa realidad y esa percepción se instrumentalice políticamente. Y unir delincuencia y migración es injusto, ignora los factores socioeconómicos. Los problemas con una minoría de extranjeros no pueden tapar la aportación de la inmensa mayoría a esta ciudad y este país».

El jeltzale subrayó la «apuesta por la transparencia» de su grupo, «porque ocultar datos alimenta el bulo y la claridad lo combate. La prioridad es evitar que la extrema derecha pueda seguir vinculando toda la delincuencia con la migración». Gorka Álvarez quiso clarificar que «en esta moción estamos abordando cuestiones sociológicas y movimientos políticos que están suscitándose en nuestra ciudad, creemos que, también, por la falta de datos y de información. La ultraderecha racista y xenófoba es la que está expandiendo versiones de la inseguridad que no son congruentes y que creemos que van a empujar movimientos sociales y políticos que, posiblemente, nos lleven a extremismos y faltas de libertades y otros principios democráticos básicos. Esta moción va de combatir bulos y de combatir discursos extremistas».

Los otros tres grupos municipales expresaron su postura contraria a ambas mociones. Desde Elkarrekin Podemos, el portavoz David Nuño aseguró que «hacer público el origen de las personas detenidas no mejora la eficacia policial, no previene delitos y no aporta soluciones. Los delitos son delitos, los cometa quien los cometa; la gravedad de un acto no depende del pasaporte. Si de verdad queremos mejorar la seguridad en Irun, empecemos por reforzar a quienes la garantizar cada día», señaló, en referencia a los cuerpos policiales.

EH Bildu, por su parte, lamentó que se elevara al Pleno «un debate promovido por la extrema derecha», afirmó en euskera el concejal Gorka Berasategi. «Tenemos muy claro que esta medida no busca sino promover el odio hacia un colectivo». Berasategi apuntó a que no existen «argumentos técnicos» que aconsejen la publicación del origen o procedencia de las personas detenidas, «sino todo lo contrario; se advierte de la estigmatización» que ello conllevaría. Calificó de «electoralista» el objetivo de ambas mociones e instó a «hablar de seguridad, pero no caigamos en populismos».

La portavoz socialista, Nuria Alzaga, apuntó a que «la pregunta que todos deberíamos hacernos es si publicar esos datos va a reducir la delincuencia. No, no existe ninguna evidencia», se respondió. «¿Va a combatir los bulos o discursos de odio? Tampoco. Incluso, puede reforzarlos al ofrecer lecturas simplistas de una realidad mucho más compleja. ¿Por qué nos centramos únicamente en la nacionalidad? ¿Deberíamos publicar también el nivel de estudios, la situación laboral o el poder adquisitivo? Seleccionar una sola variable introduce un sesgo que es evidente. La seguridad es demasiado importante como para significarla en un sólo dato», defendió Alzaga. «Nuestro objetivo no es señalar colectivos, sino reducir la delincuencia».