Tres jóvenes que trabajaron siendo menores de edad en una finca agrícola vinculada al denominado caso COAG han declarado ante el juzgado que, tras la intervención policial en el lugar, desde el centro de acogida donde residían se les obligó a realizar un curso de agricultura y se les indicó qué debían responder si volvían a ser preguntados. «Después de ese día con la Policía, los educadores nos dijeron en el centro que si alguien nos preguntaba, les dijésemos que estábamos haciendo un curso de formación en agricultura. Nos lo obligaron y si no lo hacíamos, nos retiraban la paga», manifestó uno de ellos ante el magistrado instructor.

En el caso COAG, que investiga a Rafael Hernández –expresidente de los agricultores y de la Asociación Oportunidades de Vida– por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, también están imputadas su hija Elisa Hernández –directora del centro de menores Tagoror–, el marido de ésta Cristian Ruano –encargado de la finca de Hernández–, Manuel Redondo –secretario técnico de COAG– y Cathy Godoy –trabajadora social de Oportunidades de Vida–. Estos hechos fueron investigados por la fiscal Teseida García García que interpuso una querella contra estas personas.

Los testimonios, prestados ante el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, coinciden en señalar que acudieron a trabajar a la finca con 17 años, que cobraban 25 euros por jornada y que no firmaron ningún documento ni recibieron formación previa. Uno de los jóvenes afirmó que fue el director del centro quien le propuso acudir al trabajo: «Me ofrecieron trabajar cuando llegué, fue el director del centro Álvaro el que me lo propuso». Añadió que el horario comenzaba a primera hora de la mañana y que la labor consistía en recoger papas en una finca situada en Tafira.

«Al terminar el trabajo, nos dijeron que no podíamos decir nada a nadie»
Ese mismo menor aseguró que el día que acudió a trabajar apareció la Policía y habló con él. Según su declaración, tras ese episodio se les impuso la formación agrícola. «A mí no me gustó la idea de tener que hacer un curso de agricultura, pero me vi obligado. Nos dijo Álvaro que era obligatorio para que, cuando la Policía nos volviera a preguntar, tener la formación», señaló. También afirmó que por el trabajo recibió el dinero acordado sin justificante: «Me pagaron 25 euros por ir a la finca a recoger papas, pero nunca firmé ningún papel ni nada por el estilo».

Otro de los declarantes, que actualmente tiene 18 años, relató que llegó a Canarias en febrero de 2023, pasó por centros en Arinaga y posteriormente en Tafira —el centro Tagoror— y desde allí fue trasladado a la finca. «Me llevaron aquí a una finca a trabajar. Yo tenía 17 años y fui dos veces al terreno», explicó. Según indicó, acudió tras recibir una llamada preguntando si alguien estaba interesado en trabajar y fue acompañado por otros residentes del centro.

25 euros por día recogiendo papas
Sobre las condiciones, detalló que le ofrecieron una remuneración diaria sin formalización alguna. «Me dijeron de ir a trabajar y que al final del día me darían 25 euros que me pagaron. No tuve que firmar ningún documento ni nada para ir a la finca». Describió jornadas que comenzaban a las 7.30 horas, con pausa a media mañana y regreso por la tarde tras comer en el centro. «El trabajo era recoger papas», afirmó, señalando que las tareas eran supervisadas por el dueño de la finca y otra persona que trabajaba allí.

Este testigo también aseguró que nunca había realizado labores agrícolas con anterioridad y que la formación llegó después. «Esos días no nos dieron formación, solo después de haber ido a la finca que nos dieron clases y nos dijeron que era obligatoria», declaró, precisando que dichas clases se impartieron en Tamaraceite y que antes de entrar debían firmar un documento.

«Tras lo ocurrido con la Policía, nunca más nos volvieron a llevar a la finca»
Asimismo, indicó que tras acudir a trabajar recibieron instrucciones de silencio. «Después de ir a trabajar, nos dijeron que no podíamos decir nada a nadie», afirmó, sin recordar quién lo comunicó. Relató igualmente que la segunda vez que estuvo en la finca se produjo la intervención policial. «La segunda vez que estaba trabajando, vino la Policía y nos sacó de allí. Me hicieron varias preguntas y les expliqué lo que estaba haciendo en la finca», señaló, añadiendo que los agentes les preguntaron la edad y el salario y que posteriormente fueron trasladados de nuevo al centro.

Según su testimonio, ese día la actividad comenzó a la misma hora habitual y la Policía llegó a media mañana. También indicó que después de la intervención no volvieron a trabajar en ese lugar. «Después de que vino la Policía a la finca, no volvimos más a trabajar ni nos ofrecieron en otro sitio», dijo.

El tercer declarante, que actualmente tiene 20 años, manifestó que también llegó a Canarias en febrero de 2023, pasó por un centro en Arinaga y posteriormente fue trasladado al Tagoror, donde se le ofreció el trabajo. «Me ofrecieron trabajar en una finca, pero no recuerdo el nombre de la persona que lo hizo. Fui dos veces a trabajar siendo menor, tenía 17 años», explicó.

Detalló que el traslado se realizaba en furgón desde el centro junto a otros residentes y que desconocían las tareas hasta llegar al lugar. «Antes de llegar a la finca nadie nos dijo lo que íbamos a hacer, cuál era nuestro trabajo ni nos hicieron firmar nada», declaró. Añadió que las condiciones consistían en salir a las 7.30 horas para trabajar por 25 euros diarios, con pausas para desayunar y almorzar antes de continuar la jornada hasta la tarde.

Este joven también afirmó que no recibió formación previa en agricultura. «Antes de ir a la finca nunca recibí formación en agricultura, sino después, pero no nos lo habían dicho hasta que fue la Policía», señaló. Confirmó que la segunda vez que acudió se produjo la intervención policial y que posteriormente cesó la actividad. «La segunda vez que fui a trabajar vino la Policía Nacional y nos preguntaron a todos nuestros nombres y la edad. Después de ese momento, no volvimos a trabajar allí», indicó.

Respecto al curso posterior, aseguró que se realizó tras los hechos. «La formación que nos dieron después de ir a trabajar la hicimos porque nos dijeron si estábamos interesados», manifestando que firmaban asistencia los lunes, a diferencia de lo ocurrido cuando acudían a la finca. También confirmó que el pago por el trabajo se efectuó sin recibo. «Me pagaron todo lo que me habían dicho, los 25 euros por jornada», afirmó, precisando que otras cantidades correspondientes al centro sí se firmaban.

En relación con la actuación policial, declaró que no supo qué había ocurrido. «Como yo era bueno, no sabía lo que estaba pasando. Me ofrecieron un trabajo y fui para que me pagaran 25 euros más pero nunca supe que ocurrió cuando fue la Policía», dijo.

Los tres testimonios coinciden en que acudieron a la finca siendo menores, que el trabajo consistía en la recogida de papas, que percibían 25 euros diarios sin documentación acreditativa y que la formación agrícola se impartió con posterioridad a la intervención policial, tras la cual dejaron de acudir a trabajar.

Delito de trata de personas con fines de explotación laboral
El caso COAG se originó tras una denuncia anónima ante la Inspección de Trabajo y la posterior intervención de la Fiscalía, que presentó querella al considerar que una presunta trama se habría aprovechado de su situación de poder para lucrarse en beneficio propio a expensas de los menores del centro Tagoror, trasladados de manera irregular a fincas del presidente de COAG-Canarias. En una inspección realizada el 20 de junio de 2023 en una finca de Tafira, Inspección Trabajo y la Policía Nacional localizaron a diez menores trabajando, todos tutelados por el Gobierno de Canarias. La trabajadora social presente sostuvo que participaban en un programa formativo en agricultura, lo que dio lugar a la apertura de sendos expedientes.

La denuncia añade que posteriormente se habría intentado que trabajadores de la ONG respaldaran esa versión, incluso mediante la elaboración de un expediente falso para presentar a los jóvenes como alumnos y no como trabajadores, presionándolos para que declararan en ese sentido. Los empleados se negaron y uno de ellos fue despedido, aportando grabaciones a la Fiscalía. El supuesto uso de menores en las fincas se producía desde meses atrás y que la principal preocupación del responsable de la organización era «quedar mal con su amigo Ángel Víctor Torres».