España repatrió ayer a 50 inmigrantes senegaleses procedentes de Fuerteventura entre grandes medidas de seguridad, después de que las autoridades de Dakar se negaran el miércoles a admitir al primer contingente de 120 irregulares de Fuerteventura. A pesar de esta primera deportación, las autoridades del país africano, según diversas fuentes del Gobierno español, han comunicado que no aceptarán más aviones si se vuelven a publicitar estas deportaciones, muy impopulares entre la opinión pública senegalesa.

El primer avión fletado por Air Europa con destino a Senegal despegó sobre las 20.00 horas desde el aeropuerto de ‘El Matorral’, en Fuerteventura, con destino al aeródromo de Saint – Louis (a 270 kilómetros al norte de la capital). En el aparato viajaron 50 inmigrantes, custodiados por 74 policías. Los ‘sin papeles’ subieron al avión uno a uno, esposados y custodiados cada uno por dos agentes. Estaba previsto el despegue de otro avión para las 21.00 horas, con idéntico pasaje. Sin embargo, dado que en el aeropuerto senegalés son imposibles los aterrizajes nocturnos, el vuelo fue aplazado al viernes.

El miércoles, el ministro del Interior senegalés, Ousmane Ngnom, aseguró que la primera repatriación se había pospuesto por motivos técnicos. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, precisó que el argumento oficial de Dakar es que se había programado el aterrizaje del aparato en el aeropuerto de Saint – Louis, cuando este aeródromo carece de condiciones suficientes para llevar a cabo operaciones nocturnas.

Las autoridades africanas se quejaron de que el envío de ese primer contingente fue anunciado 24 horas antes de que despegara por algunos portavoces del Ejecutivo. Además, provocó un profundo malestar en otros departamentos del Gobierno español que se habían comprometido ante Dakar a llevar con discreción esta primera deportación. Ayer, el Ministerio del Interior, responsable de la operación, decretó «silencio informativo» sobre el nuevo intento.

Operación frustrada

Precisamente la falta de discreción – recordaron fuentes gubernamentales – ya frustró el pasado 1 de junio la que debía haber sido la primera campaña de devoluciones. Días antes, las autoridades españolas anunciaron que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, había cerrado un acuerdo para la repatriación en varios vuelos de 700 inmigrantes.

Sin embargo, Senegal sólo aceptó un primer aparato con 99 clandestinos. Las autoridades del país africano suspendieron la operación con la «excusa oficial» de que los inmigrantes «habían sido esposados y humillados» por la policía española. No obstante, esos mismos diplomáticos comunicaron a través de cauces extraoficiales que el anuncio por parte de España de la deportación del primer grupo había provocado revueltas en Dakar y en otros puntos del país.

Para desbloquear la repatriaciones fue necesario que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajara a Dakar en agosto en plena oleada de cayucos y que se volviera a reunir el pasado viernes en Madrid con Ngnom. El compromiso de Dakar es discutir «una a una» cada operación y, según reconocieron responsables del Ejecutivo español, Senegal no ha querido dejar cerrado un «calendario de deportaciones».

Elecciones próximas

Las autoridades del país subsahariano en sus múltiples contactos con la diplomacia española durante el último mes también han apelado a la delicada situación que vive en este momento el Gobierno del demócrata Abdulaye Wade, en el poder desde 2000. «Wade se enfrenta a unas elecciones generales en febrero y el electorado ve con muy malos ojos que acepte las repatriaciones de compatriotas que se han jugado la vida en los cayucos y que envían jugosas remesas a sus familiares», sintetizaron ayer analistas de Interior.

Ayer, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera pidió «discreción» porque «las opiniones públicas de estos países ven las repatriaciones de un modo muy crítico», mientras que el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, insistió en que las deportaciones «producen problemas en la opinión pública de los países receptores».

a El miércoles, en el Senado, fue Pérez Rubalcaba el que se negó a facilitar datos sobre las devoluciones para evitar conflictos diplomáticos, aunque precisó que ya habían comenzado las deportaciones a Mali.

Por otra parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que 500 menores extranjeros no acompañados, de los 796 que se encuentran en Canarias, serán trasladados a la península.

Caldera, que se reunió con el presidente del Gobierno canario, Adan Martín, y con la consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Ejecutivo regional, Marisa Zamora, señaló que la propuesta será debatida el próximo lunes, día 18, en la reunión del Consejo Superior de Políticas de Inmigración, «y si se acepta, comenzarán los traslados en breve». «Hemos acordado trasladar y atender a esos menores en desamparo, siempre siguiendo el interés de los mismos», subrayó.

Caldera aseveró que la actual legislación establece que la tutela y guarda y custodia de los menores corresponde a las comunidades autónomas pero reconoció que Canarias no puede atender al elevado número de menores extranjeros no acompañados que han llegado a las costas canarias en barcazas en los últimos meses.

«Canarias está desbordada, ya que el cupo establecido para la Comunidad Autónoma es de 300 menores y cuando se supere esta cifra serán trasladados a la península», indicó Jesús Caldera. El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, tras señalar que el Gobierno español está preocupado por los menores por ser más vulnerables que los adultos, dijo que el objetivo era conseguir la reinserción de los menores en su medio familiar.

«Intentaremos que los menores estén en su entorno y cuando esto no sea posible crearemos programas de acogida», explicó Jesús Caldera, que precisó que se estudiará la distribución.