Tras el reciente anuncio del Gobierno español de regularizar a alrededor de 500.000 personas migrantes, se recuerda el papel clave que desempeñan los trabajadores extranjeros en el crecimiento de España. De hecho, la economía nacional se sitúa actualmente entre las más dinámicas de Europa. Solo en 2025, el PIB del país creció un 3%, mientras que la media de la eurozona fue de apenas un 1,3%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se ha reducido hasta el 10,5%, el nivel más bajo desde 2008. En este contexto conviene recordar que la población inmigrante ha desempeñado un papel clave en ese crecimiento, con una contribución estimada del 25% al PIB per capita entre 2022 y 2024. Más allá de los debates ideológicos, la evidencia económica es clara: España necesita la inmigración, no solo para sostener su crecimiento, sino también su sistema de seguridad social. No se puede entender nuestro desarrollo reciente sin la aportación de las personas migrantes. Solo en términos de empleo, más de tres millones de trabajadoras y trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% de los afiliados a la Seguridad Social. Valorarlo es positivo para nuestra sociedad y para nuestra economía. Pero, sobre todo, es lo correcto. La inclusión laboral sigue siendo la vía de integración más pragmática y menos polarizante de cuantas existen. Entre quienes ya contribuyen activamente al país se encuentran las personas refugiadas. En los últimos años, España ha experimentado un aumento acelerado en el número de solicitudes de protección internacional, consolidándose como el tercer país receptor de asilo de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia. Esta posición sitúa a España en el centro del sistema europeo de acogida y plantea una responsabilidad compartida además de una oportunidad para la sociedad. En la actualidad, se encuentran en España alrededor de 700.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, que han tenido que abandonar sus países de origen para buscar protección frente a la violencia, los conflictos armados o la persecución. Estas personas se enfrentan con demasiada frecuencia a numerosas barreras estructurales para acceder al empleo, como la falta de competencias lingüísticas, redes sociales y profesionales, el reconocimiento de sus cualificaciones y el conocimiento de las normas del mercado laboral español. Afortunadamente, contamos con un punto de partida sólido: la sociedad española ha demostrado ser una de las más acogedoras y solidarias del continente. Lo hemos visto, desgraciadamente, en muchas catástrofes naturales y emergencias humanitarias, y, en los últimos años, también en grandes movilizaciones de apoyo a personas procedentes de la guerra de Ucrania y de la crisis de Venezuela. Ahora, ese impulso humanitario necesita canalizarse también desde el ámbito empresarial. Las grandes compañías tienen la oportunidad —y la responsabilidad— de estar a la altura de esta integración. Y es que existe un amplio consenso social en torno a la contratación de personas refugiadas como vía para fomentar su inserción social y económica, independientemente de la orientación política. Según una encuesta realizada en noviembre de 2025 por la organización More in Common, en colaboración con Tent España, un 73% de la población española piensa que es una buena idea que las empresas cuenten con personas refugiadas para apoyar su integración, y casi siete de cada diez apoyaría que lo haga su propio empleador. Esta percepción se refuerza aún más en las grandes empresas, en las que el 70% de los trabajadores se sentiría orgulloso si su empresa contratara a personas refugiadas y tres de cada cuatro estaría abierto a implicarse de forma activa convirtiéndose en “mentor” o soporte para los empleados refugiados. Este apoyo a las personas refugiadas a través del empleo atraviesa todo el espectro político y los distintos grupos de edad y demográficos. La población española coincide mayoritariamente en una idea sencilla: las personas a las que se les permite trabajar, contribuir y mantenerse por sí mismas fortalecen la sociedad. En España, ya son decenas las grandes compañías de numerosos sectores, incluidos la hostelería, la logística y el tecnológico, que conocen esta realidad y que han empezado a contar con personas refugiadas entre sus profesionales. Muchas de ellas afrontan los mismos retos: escasez persistente de mano de obra, brechas de cualificación y una competencia creciente por el talento. Y también comparten una conclusión clara, basada en la experiencia y no en la teoría: la contratación de personas refugiadas es una situación en la que todas las partes ganan. El trabajo es el camino más rápido y duradero hacia la integración. Cuando las personas refugiadas acceden a un empleo, aprenden español más rápido, construyen una red de contactos, ganan independencia y se convierten en miembros activos de sus comunidades. Para las empresas, contratar a personas refugiadas amplía el campo de talento, mejora la retención, fortalece la cultura laboral, mejoran sus equipos y su crecimiento a largo plazo. Pero también es lo correcto. A medida que más personas refugiadas y solicitantes de asilo buscan protección en nuestro país, ante la inestabilidad geopolítica en diversas regiones del mundo que vemos cada día, el mundo empresarial tiene una responsabilidad histórica de apoyarlas, también dando un paso al frente para insertarlas en el mercado laboral y contribuir colectivamente a cambiar el relato. Esto es un llamamiento a los líderes empresariales de toda España: conviértanse en los próximos referentes de este creciente movimiento empresarial que entiende la urgencia de esta oportunidad, comprométanse a abrir vías de empleo para personas refugiadas y aprendan unos de otros para reducir con éxito las barreras en la incorporación de talento refugiado cualificado en el tejido productivo español. Este es un momento urgente. El respaldo social y público es amplio. Los trabajadores de vuestras plantillas están receptivos. Y son necesarias nuevas formas de cubrir vacantes, diversificar su talento y responder a una realidad demográfica que ya no pueden ignorar. El movimiento ya ha comenzado. ¿Cuántas otras empresas están listas para dar un paso adelante y liderar? Amaia Elizalde es la directora de Tent España. Lanzada hace dos años, es la red de más de 50 grandes empresas presentes en España comprometidas a contratar a personas refugiadas en todo el país y/o a ayudarles con la preparación para el empleo en territorio nacional.