Denunciar a un extranjero en situación irregular puede reportar, si la acusación termina en deportación, hasta 50.000 yenes. El Gobierno nipón incentiva económicamente lo que durante décadas fue un trámite administrativo discreto: la delación. Amparándose en la Ley de Control de la Inmigración de 1951, redactada bajo ocupación estadounidense, el Ejecutivo promueve la colaboración ciudadana para localizar a residentes sin visado en regla. En redes sociales ya circulan cálculos que presentan la caza del «ilegal» como una posible fuente de ingresos.

La medida se enmarca en la política de «cero residentes ilegales» impulsada por la primera ministra, Sanae Takaichi, y aplicada por la ministra Kimi Onoda. El Gobierno la presenta como cuestión de legalidad y orden público. Sus críticos, en cambio, denuncian que institucionaliza la sospecha hacia la población extranjera y legitima la vigilancia vecinal en un país que envejece aceleradamente y depende cada vez más de mano de obra migrante para sostener su economía.

La recompensa no es automática. El denunciante debe identificarse y su información, desembocar en una orden formal de expulsión. El Ejecutivo sostiene que existen filtros para evitar venganzas personales o acusaciones infundadas, y anuncia sanciones en caso de denuncia falsa. Pero grupos de apoyo a migrantes alertan de que su difusión en redes ya ha alterado el clima social, alentando comportamientos de vigilancia informal en barrios con presencia extranjera.

El impacto no se limita a quienes han excedido su visado, y asociaciones civiles y juristas advierten de un efecto expansivo: la sospecha puede extenderse a cualquier rostro no japonés, independientemente de su situación legal. En un país donde no existe un límite máximo claro para la detención administrativa, el temor a una denuncia puede traducirse en meses o años de incertidumbre. La frontera se traslada de aeropuertos y puertos al vecindario, al trabajo, al tren de cada mañana.

La indefensión se ve agravada por la opacidad del proceso: el denunciante no necesita aportar pruebas, solo indicios que la Agencia de Inmigración valida bajo un criterio administrativo que prioriza la expulsión sobre la pro- tección de garantías. Al no existir una supervisión judicial en la fase inicial de la denuncia, se otorga un poder desproporcionado al delator y el incentivo económico introduce un elemento de distorsión difícilmente compatible con la presunción de inocencia. Se crea así un estado de excepción de baja intensidad donde el marco legal está más orientado a la reducción numérica que al examen individualizado de cada caso, dejando al residente extranjero a merced de la interpretación discrecional de un funcionario o del interés de un vecino.

LA PARADOJA ES QUE ESTA OFENSIVA SE ACTIVA EN UN MOMENTO DE FRAGILIDAD ECONÓMICA

Y DEMOGRÁFICA EVIDENTE.
Japón encadena años de pérdida neta de población y una tasa de natalidad en mínimos históricos, mientras la construcción, el cuidado de personas o la hostelería dependen cada vez más de mano de obra extranjera. Hasta hace poco, el Gobierno admitía discretamente esa necesidad con programas específicos de visados laborales. Peor hoy el mensaje político es otro: tolerancia cero, aunque el mercado de trabajo indique lo contrario.
El resultado trasciende la inmigración irregular. Al incentivar la delación, el Estado convierte a la ciudadanía en extensión del aparato de control migratorio y normaliza la sospecha como instrumento de Gobierno. A corto plazo, la medida puede dar réditos simbólicos a un Ejecutivo que busca exhibir firmeza, pero a medio plazo puede erosionar la confianza social y proyectar al exterior la imagen de un país que aunque necesita trabajadores paga por expulsarlos.

La cuestión de fondo no es cuántas deportaciones se ejecutan, sino qué tipo de sociedad se consolida. Monetizar la denuncia no solo endurece el control migratorio, redefine la relación entre Estado y ciudadanía. Cuando la vigilancia se incentiva económicamente, la legalidad deja de ser un principio para ser un negocio. En un Japón que envejece y necesita trabajadores extranjeros para sostener su modelo productivo, pagar por expulsarlos puede ofrecer una victoria retórica inmediata, pero a largo plazo expone una contradicción difícil de sostener: un país que necesita abrirse mientras institucionaliza la sospecha.

Los datos de febrero muestran las primeras grietas: por primera vez en años, el número de extranjeros que abandonan Tokio supera al de quienes llegan. El mensaje político empieza a tener efectos medibles.

La prefectura de Ibaraki, que concentra el mayor número de trabajadores en situación irregular de Japón, planea implantar recompensas de unos 10.000 yenes para quienes denuncien a extranjeros que trabajen ilegalmente, siempre que la información sea verificada y culmine en una redada exitosa. Su gobernador, Kazuhiko Oigawa, lo defiende como una herramienta para ordenar el mercado laboral y reforzar la legalidad.