Madrid – Trasladar a subsaharianos no es una labor atractiva para los
policías. Al menos así ha quedado demostrado después de que Interior haya
remitido un escrito a la Jefatura Superior de Policía de Madrid y los
servicios centrales (un colectivo de unos 15.000 agentes), solicitando
voluntarios para las repatriaciones de senegaleses y de que sólo se hayan
presentado tres. «No es un servicio agradable y está mal pagado. Un agente
que interviene en la repatriación de un subsahariano viene a cobrar unos
150 euros por servicio que, en el caso de los países africanos, se
resuelve en un solo día», detalló Maximiano Correal, secretario de
Comunicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
   La
explicación de que haya habido tan escasa aceptación se halla para la
Confederación Española de Policía (CEP) en que «hay cientos de agentes que
no están vacunados para poder realizar este tipo de viajes y a otros que
se las habían puesto ya les han caducado. A esta circunstancia se une que
hay funcionarios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que han
viajado a Canarias y que por la inmediatez del traslado no han llevado su
pasaporte para ir a Senegal a repatriar subsaharianos», detalló el
portavoz de Inmigración de la CEP, Rodrigo Gavilán.
   El
hecho de que el Gobierno también haya enviado a un centenar de efectivos
policiales de los Pirineos a Canarias ante el riesgo de motines y fugas en
las islas por las repatriaciones que han comenzado ya también han sido
motivo de comentario por los sindicatos policiales. «Felicitamos a la
Comisaria General de Seguridad ciudadana y la jefe de los antidisturbios
por la pronta reacción ante el gran riesgo de fuga denunciado por CEP.
Confiamos en que se llegue al binomio de reforzar Canarias y también
volver a desplegar todo el operativo en el Pirineo en los próximos días»,
dijo Gavilán.
   El SUP añadió que el control de la inmigración
irregular por parte de los antidisturbios en carreteras secundarias de los
Pirineos, por donde entran las «pateras rodantes» cargadas de
indocumentados procedentes de países del Este, es una labor secundaria, ya
que su tarea principal es la del control antiterrorista. Es por esto por
lo que consideró «preocupante» que al retirar policía se hayan abandonado
estas labores de control en la frontera pirenaica».
   El diputado
y portavoz de inmigración de CiU, Carles Campuzano, tachó de «muy grave»
lo ocurrido, que «pone en evidencia otra vez la imprevisión con la que se
ha actuado. Sería razonable que, si la Policía deja de cumplir, el
Delegado del Gobierno se pusiera en contacto con la Generalitat para que
los Mossos hagan los controles». La secretaria de Política Social del PP,
Ana Pastor, lamentó el traslado de agentes y no ocultó su indignación por
que el Congreso rechazara ayer aumentar el control de los inmigrantes.
   «El Gobierno habla de pactos pero cuando tiene la ocasión de pactar no
quiere apoyar las propuestas que se supone que van en la dirección
correcta».