Con el horizonte electoral fijado en el 2027, los partidos de izquierda y derecha avivan la polarización con debates sobre materias extremadamente sensibles como el de la prohibición del burka y del niqab. Pero también elevan la confrontación otras cuestiones como las políticas migratorias o los casos de acoso en los principales partidos del Estado. Euskadi, aunque sin la intensidad madrileña, tampoco escapa de encontronazos como los protagonizados por los socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, por un tema tan delicado como la revelación del origen de los detenidos. El PP quiere asaltar Moncloa y, según la mayoría de encuestas, lo podría hacer gracias al apoyo de la formación ultraderechista Vox. Un escenario que preocupa y mucho a la izquierda, que empieza a su vez a agitar la idea de la unidad. El centro parece ya abandonado y el propio PSOE, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, entra de lleno en la estrategia polarizadora.

Burka. La seguridad ha escalado en los últimos años hasta convertirse en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha encendido un debate en el que la derecha ha introducido el factor migración. El PP y Vox, enzarzados en una batalla por hacerse con el voto más conservador, presionan al Gobierno central para deportar a personas migrantes que cometan delitos o decidan «no integrarse» en la cultura para «imponer» la suya. El último elemento que se ha cruzado en este debate es la prohibición del burka y el niqab. Una medida defendida por Vox y PP a la que todos los demás partidos han votado en contra y que la izquierda considera como «islamofobia». Entre dos aguas se mantienen PNV y Junts, que evitan la foto con la ultraderecha y el PP –aunque ya habían votado con ellos la norma que endurece el castigo a la reincidencia de delitos leves– pero que han presentado iniciativas propias para abordar la regularización de estas vestimentas. Para la izquierda la cuestión migratoria se ha convertido en una conversación incómodo. Mientras en la mayoría de países de la Unión Europea las políticas migratorias se han endurecido, el Ejecutivo PSOE – Sumar va a abordar una regularización extraordinaria que beneficiará a más de medio millón de extranjeros que ya residen en el país.

Origen de los detenidos. Euskadi tampoco se escapa del debate sobre seguridad y migración. Los dos partidos de gobierno en Euskadi, las tres diputaciones forales y en los ayuntamientos, PNV y PSE, han demostrado sus diferencias sobre la revelación del origen de los detenidos. Una medida adquirida por la Ertzaintza y por el Ayuntamiento de Donostia, con el objetivo de dar información a la ciudadanía para «evitar estigmatizar». Los socialistas dicen lo opuesto, que dar a conocer esos datos «estigmatiza» a la población migrante. Esta medida polariza a los partidos vascos. El PP vasco se alinea con los jeltzales, mientras que EH Bildu, Sumar y Podemos, al igual que los socialistas, están en contra de esta medida. Dentro del propio PNV dar a conocer el origen de los detenidos genera dudas y el ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que no lo hará provocando así un choque entre el alcalde Juan María Aburto y el presidente del PNV, Aitor Esteban.

Mundo empresarial. La relación entre el mundo empresarial y el político ha sido otro de los espacios en los que esa polarización izquierda – derecha ha sido más visible, con el SMI como último gran punto de fricción. Durante la última legislatura del Gobierno central de Pedro Sánchez los choques entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han sido constantes. La reducción de la jornada laboral, el absentismo y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han sido motivo de rifirrafe. En los últimos días han vuelto a enzarzarse por el SMI, ya que la patronal ha rechazado la subida a 1.221 euros en 14 pagas, un 3,1% más que el año anterior. Díaz, que hace bandera de su confrontación con la patronal, ha criticado que Garamendi tome esta decisión cuando él «cobra 23 veces el SMI». «Me recuerda a alguna política de algún país de Sudamérica», respondió el presidente de la CEOE, sobre la forma de actuar de la vicepresidenta. En esta bronca Díaz – Garamendi, el PP también ha cargado contra el Gobierno por querer «imponer» a «las bravas» a los empresarios la reducción de la jornada laboral.

Vivienda. Se sitúa en Euskadi como la principal preocupación de la ciudadanía y su gestión también separa a las formaciones de izquierdas y derechas. Sin ir más lejos y a pesar de que PSE y PNV comparten coalición en el Gobierno Vasco, los jeltzales recurrieron en 2024 la Ley de Vivienda estatal en una decisión que, según la formación peneuvista, «no tiene que ver con la dialéctica izquierda – derecha: va contra el autogobierno y limita nuestra capacidad de hacer políticas eficaces». PNV y PSE, a través del lehendakari Imanol Pradales y su consejero de Vivienda, Denis Itxaso, han vuelto a chocar por el anuncio de un proyecto de viviendas dotacionales en Donostia. En el resto del Estado el debate sobre la vivienda se ha visto salpicado por la okupación. La derecha ha colocado el relato de que el Gobierno central impulsa la ‘inquiocupación’ por los decretos aprobados para evitar los desahucios de familias vulnerables, mientras partidos como el PP y Vox se afanan en defender «los derechos de los propietarios». Lo cierto es que el PNV cerró hace dos semanas un acuerdo con el Gobierno para proteger del impago a los propietarios que solo tengan una vivienda en alquiler. La crispación ha llevado a tal punto que el PP ha llegado a decir que Sánchez es un «okupa» en la Moncloa.

Independentismo. Si hay un tema que en los últimos años ha provocado fuertes tensiones en el país es la cuestión territorial e identitaria. El ‘procés’ catalán ha dejado una profunda huella tras años en los que la crispación llegó a máximos, como recuerdan las imágenes de los enfrentamientos entre manifestantes y policía en la Via Laietana de Barcelona. Fueron las consecuencias del 155 aplicado por el Gobierno de Rajoy a la fallida declaración de independencia de Carles Puigdemont, que acabó en Waterloo para no ser detenido. Con Sánchez en Moncloa la relación entre los partidos independentistas y el Estado ha cambiado radicalmente, hasta el punto en el que la derecha acusa al presidente de «vender el país a los secesionistas». La polémica ley de Amnistía ha sido gasolina para las feroces críticas de la derecha, pero ha servido para tratar de cerrar heridas y apaciguar la pulsión independentista en Cataluña. Los últimos acuerdos con ERC para la nueva financiación catalana también son vistos por la derecha –y algunos sectores del PSOE– como una «cesión al independentismo».

Casos de acoso sexual. La irrupción volcánica de Podemos en las elecciones hace ya una década trajo consigo la implantación de medidas para garantizar la igualdad y la entrada del movimiento feminista en las instituciones. Figuras como Irene Montero portaron una bandera morada que después tuvo que soportar las controversias generadas por la ley de garantía de la libertad sexual, más conocida como la ley del ‘solo sí es sí’. La izquierda adoptó unas tesis feministas que 10 años después ya no calan entre los hombres jóvenes. Según las encuestas, el porcentaje que se alinea con las políticas de igualdad se reduce y la derecha aprovecha esa tendencia para apelar a un objetivo electoral, joven y hombre, que mira con atención a los partidos ultras: Vox y Se Acabó La Fiesta, del eurodiputado ‘Alvise Pérez’. Más allá de los cambios culturales, la izquierda se ha visto salpicada por casos de agresiones sexuales que cuestionan las políticas por las que han abogado. Uno de los más sonados ha sido el de Íñigo Errejón –que estalló cuando era portavoz de Sumar en el Congreso–, pero a eso hay que sumarle los consumos de prostitución en el caso Ábalos – Cerdán, el presunto acoso sexual del exdiputado Francisco Salazar y otros cargos locales socialistas. Ahora el Gobierno afronta la supuesta violación del exnúmero dos de la Policía a una subordinada y vuelve a poner en tela de juicio las políticas feministas del PSOE. El PP tampoco se libra de estos escándalos. Una exedil de Móstoles se ha querellado contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y la presidenta del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deberá declarar como testigo.

Corrupción. Ha sido el arma arrojadiza más recurrente y, quizás, la más efectiva. Sánchez llegó a Moncloa en 2018 gracias a una moción de censura a Rajoy tras la sentencia de la Audiencia Nacional en la que argumentaba que el PP estableció «un sistema genuino y efectivo de corrupción institucional a través de la manipulación de la contratación pública central, autonómica y local». Ahora las tornas han cambiado y quien se ve cercado por la corrupción es el Ejecutivo de Sánchez. Sus socios, entre ellos el PNV, aseguran que no romperán relaciones si no hay ninguna sentencia de financiación irregular en el PSOE. Pero el PP eleva la presión ante el supuesto caso de corrupción que implica a dos exnúmeros dos del PSOE: José Luis Ábalos –que además fue ministro de Transportes– y Santos Cerdán –que negoció los acuerdos de investidura con EH Bildu y PNV–. Los populares vascos también han usado las relaciones de Cerdán con el PNV y con EH Bildu para cargar contra los jeltzales, una estrategia que los demás partidos no han adoptado. En la derecha el caso más significativo es el de la presidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que su novio será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental.

La creciente polarización de los partidos del Estado se refleja con nitidez en la proyección pública de algunos de sus cargos más mediáticos, cuyas intervenciones han simbolizado en los últimos años la tensión política actual. Figuras como la de Ayuso, referente del ala más duro del PP, han construido un agresivo discurso frente al Gobierno central, mientras que desde el PSOE ministros como Óscar Puente o el propio presidente Sánchez han adoptado un tono igualmente contundente en la confrontación parlamentaria, mediática y digital. En el ámbito independentista, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha hecho de la ironía una seña de identidad. Un perfil amplificado por las redes sociales y los debates televisivos, que escenifica una política cada vez más personalizada y polarizada, donde el énfasis en la confrontación refuerza la división ideológica y dificulta los consensos amplios.