Recientemente, Podemos logró un acuerdo valioso por el que se daba comienzo a la regularización administrativa de más de 800.000 personas indocumentadas en España ( … según estimaciones de Funcas). En su afán por celebrarlo, Montero, exministra de Igualdad, afirmó que su proyecto político iba encaminado a conceder la nacionalidad española a todas las personas migrantes independientemente de los años de residencia. El objetivo, dice, es combatir a los fachas de este país. Si bien la medida de la regularización es urgentemente necesaria, pues ninguna persona puede estar en un territorio sin derecho/obligación alguna, conviene realizar una lectura crítica sobre este tipo de discurso aperturista – multiculturalista de la inmigración.

Estamos mal habituados a que la contienda política, siempre electoralista, sitúe el debate en bandos absolutamente contrarios: por un lado, una derecha radical decididamente echada al monte (los culpables son siempre los inmigrantes); y, por otro, una izquierda ausente en torno a ciertas preguntas relativas a su defensa ingenua de la inmigración. A poco que se profundice en este discurso, uno se da cuenta de las múltiples cuestiones que quedan en el aire en este importante sector político.

Cuestiones legitimas como las siguientes: ¿Cuánta inmigración es capaz de absorber un país? ¿En qué condiciones debe darse? ¿Dónde y cómo deben incorporarse las personas inmigrantes al país de acogida? O ¿qué efectos puede tener la misma en el modelo de bienestar del país? Son preguntas que parecen siempre soslayarse a fin de escapar de la temida sombra del etiquetaje de «racismo». Además de estas, también son fundamentales otras en las que la izquierda sencillamente no revela ideas: ¿Qué tipo de inmigración es adecuada para el contexto socioeconómico y cultural del país? O ¿qué oportunidades y limites deben establecerse para acceder al derecho a residir en un territorio distinto al del país de nacimiento? En definitiva, ¿es legítimo pensar que el derecho a la residencia debe conllevar no solo derechos sino también obligaciones?

En este punto, la tesis de la izquierda se fundamenta en que no hay discusión posible, puesto que la inmigración es un derecho humano, cuya garantía es exigible a todo ordenamiento político. Acudiendo con este marco moral, resulta inadmisible establecer ningún debate político. Sin embargo, las preguntas siguen ahí, pesando cada vez más y más. Mientras tanto, la derecha radical crece vertiginosamente, incluso en sectores depauperizados, tal como han revelado recientes encuestas como la de 40dB.

Pero la incomparecencia de la izquierda también es notoria en debates a largo plazo relativos al modelo sociocultural del país. Habitualmente, la izquierda abraza las tesis del multiculturalismo como base para la construcción de la convivencia. Este modelo, propuesto por el filósofo canadiense Taylor, supone un extraordinario avance, sí, respecto a la idea del asimilacionismo cultural. Ahora bien, la izquierda, siempre obcecada en el problema de la precariedad económica de la inmigración (como si absolutamente todo fuera una cuestión de desigualdades económicas), olvida plantearse con rigor los enormes desafíos socioculturales de este modelo multiculturalista. Aquí las preguntas giran en torno a cuáles deberían ser los fundamentos morales que obligan a una suerte de derecho de admisión de las personas migrantes por el simple hecho de ser personas desplazadas de sus países de origen.

Esto es: ¿Todo hecho migratorio debe constituir un deber moral de los poderes públicos a la hora de garantizar presencia, residencia y derechos vinculados? En este contexto, una de las preguntas más insidiosas es si, bajo el paraguas del aperturismo multiculturalista que tanto se defiende, ¿todo aquello que es cultura resulta asumible en una sociedad democrática? ¿La diferencia cultural, simplemente por ser diferencia, debe otorgar reconocimiento social y político a nivel institucional? Y, en definitiva, ¿todas las culturas son una expresión legitima y valiosa de la riqueza antropológica del ser humano? Mucho me temo que estas preguntas no encuentran respuesta en este sector político. Y si no la encuentran aquí, muchos la buscarán en otros sectores, cuyas propuestas políticas son netamente contrarias a la convivencia intercultural.

En fin, estas son las preguntas. Faltan ahora las respuestas. La diversidad no se autogestiona a sí misma (el ‘laisez faire’ del libre mercado cultural); la historia nos demuestra que solo trabajando por la convivencia se pueden alcanzar modelos políticos verdaderamente pluralistas. En cambio, cuando dejamos que todo marche al albur de las circunstancias, las noticias nunca son halagüeñas. Ahora que está de moda buscar nuevas alianzas, como las de Rufián, la izquierda debería empezar por pensar sus programas políticos en torno a muchas cuestiones, entre ellas las que se han planteado en este artículo.