El catalán será un requisito para los inmigrantes que hayan regularizado su situación y tengan que renovar su residencia al cabo de un año. El Govern de Salvador Illa ha acordado enmendar el Real Decreto de regularización extraordinaria de medio millón de personas anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir un nuevo punto: que estudiar catalán (u otras lenguas cooficiales, según la comunidad donde residan) sea un requisito para conseguir la renovación del permiso de residencia de personas extranjeras que ya están en España, en una medida pactada con ERC.

Es decir, no afecta a la concesión inicial de los permisos, sino a su renovación. «El objetivo es reforzar la integración lingüística como instrumento de cohesión social y consolidar el catalán como lengua de inclusión», argumenta el Departamento de Política Lingüística, en manos de un ex de ERC.

«La propuesta establece que las personas regularizadas dispondrán de un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciarse en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las distintas comunidades autónomas», aunque falta por determinar cómo tendrán que demostrar el conocimiento de la lengua en cuestión, una cuestión que dependerá de cada gobierno autonómico. En el caso de Cataluña recae en Francesc Xavier Vila, ex alto cargo del Gobierno de Pere Aragonès, un nombre consensuado entre socialistas y republicanos en 2024.

La enmienda se anunció este miércoles de forma interna en la primera reunión de seguimiento del Pacto Nacional de la Lengua, que ideó y promovió el PSC para contentar a ERC tras la investidura de Illa. De hecho, ayer los republicanos se arrogaron la maniobra como parte de sus acuerdos con los socialistas. «Hemos conseguido que el catalán sea reconocido como prueba de arraigo en el nuevo decreto de regularización extraordinaria», aseguró el partido a través de un comunicado. El borrador del real decreto negociado por ERC, al que ha tenido acceso Efe, hace referencia a un «informe de esfuerzo de integración emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma» donde resida el migrante que solicite la regularización.» El informe, de ser favorable, certificará, entre otros elementos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia», subraya el texto.

La intención del Govern es que en la modificación del Reglamento de extranjería se valore el aprendizaje de las lenguas cooficiales para «reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión», según sus palabras. «La iniciativa prevé que cada comunidad autónoma podrá determinar cómo articula y acredita los conocimientos lingüísticos en su ámbito competencial». «En el caso de Cataluña, el Departamento de Política Lingüística se integrará en los mecanismos de seguimiento de la regularización para garantizar una oferta adecuada de cursos y materiales de aprendizaje de lengua», asegura la Generalitat sin entrar en más detalles.

De hecho, esta maniobra del Ejecutivo del PSC llega después de Junts exigiera que acreditar un nivel mínimo de catalán fuera un requisito para obtener el permiso de residencia a raíz de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Una condición que el Gobierno de Sánchez negó: «La lengua no es un requisito para denegar un permiso».

También el Gobierno vasco (conformado por PNV y el PSOE) ha remitido una propuesta de reforma del decreto de regularización en la que se exige “valorar” el aprendizaje del euskera. El Ejecutivo de Imanol Pradales advierte que su planteamiento no establece como “requisito” para obtener la regularización el acreditar que se estudia euskera pero su redacción se asemeja a la propuesta de la Generalitat. Fuentes del Gobierno vasco advirtieron que el aprendizaje del euskera constará en los informes pero sin otorgar prioridad ni ningún otro tipo de ventaja sobre el resto de migrantes, informa Josean Izarra.

“Ponemos en valor la lengua (el euskera) como un instrumento para una mayor cohesión social”, ha defendido la vicelehendakari Ibone Bengoetxea. Sin embargo, la propuesta vasca de vincular el aprendizaje del euskera con la regularización de emigrantes se produce cuando PNV y EH Bildu tramitan una reforma legal para imponer el euskera en el acceso a la administración vasca.