Este jueves comenzaron las declaraciones de los menores que presuntamente trabajaron en la finca de Rafael Hernández, que fuera presidente de los agricultores y ganaderos canarios, y que lo hicieron sin contrato y a cambio de 25 euros por jornada en su plantación de papas, según declararon ante la autoridad judicial.

En el caso COAG, que investiga a Hernández por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, también están imputadas su hija Elisa Hernández directora del centro de menores Tagoror, el marido de ésta Cristian Ruano encargado de la finca de Hernández, Manuel Redondo secretario técnico de COAG y Cathy Godoy trabajadora social de la Asociación Oportunidades de Vida.

Este jueves comparecieron ante el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, tres menores de los que han sido localizados por los investigadores.

Los tres reconocieron ante la autoridad judicial lo que la fiscal Teseida García, delegada autonómica de la Fiscalía de trata de Personas y Extranjería, sospechaba: no estaban en la finca de papas de Hernández recibiendo formación profesional, al contrario, trabajaban a cambio de unos pagos en metálico de 25 euros por duras jornadas de mañana y tarde.

Detallaron que a raíz de la denuncia en Inspección de Trabajo y la visita de agentes de la Policía Nacional, los responsables de esta presunta explotación laboral dispusieron una especie de curso con prácticas para dar sensación de legalidad a estas prácticas.

Este caso COAG nació tras una denuncia ante la Inspección de Trabajo y luego ante la Fiscalía y que fue objeto de querella por parte de este último organismo. La misma narra que esta presunta trama se aprovechó de su «situación de poder para lucrarse en beneficio propio a expensas de los menores» que residían en Tagoror, «siendo llevados a trabajar repetidamente y de manera irregular a las tierras» propiedad del presidente de COAG-Canarias.

Un anónimo que conoció estas presuntas artimañas las denunció ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, que abrió un expediente para investigar los hechos. De esta forma, tras recabar la información suficiente, realizaron una inspección el 20 de junio del 2023 en una de las fincas de Rafael Hernández situada en Tafira, a la que acudieron acompañados de agentes de la Brigada Provincial de Las Palmas de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.

Allí se encontraron a 10 menores que estaban trabajando en las tierras. Los identificaron y comprobaron que pertenecían al centro Tagoror y estaban bajo la tutela del Gobierno de Canarias amparados por la Asociación Oportunidades de Vida.

En ese instante, los policías ordenaron a las personas encargadas de la finca que acudiera la responsable del centro, pero en vez de la directora Elisa Hernández, fue la trabajadora social también denunciada. La versión que ofreció a los investigadores fue que los menores formaban parte de un programa coordinado entre Oportunidades de Vida, la COAG y el Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), que formaba a migrantes en agricultura. Añadió que la responsable no se encontraba en ese momento en la finca porque estaba indispuesta.

Por estos hechos, tanto la Inspección de Trabajo como la Policía Nacional abrieron los correspondientes expedientes.

Presiones
Semanas después, según la denuncia, Rafael Hernández citó a dos trabajadores de la ONG con la excusa de ofrecerles a uno de ellos un trabajo en el proyecto Integrándose en el Agro-Canario.

De paso, quiso convencerle –ya que era docente– para que mintiera ante la Inspección de Trabajo diciendo que era el responsable de los menores localizados en la finca y que era cierto lo que manifestó la trabajadora social a la policía de que pertenecían a un curso y no estaban trabajando de forma ilegal.

La denuncia sostiene que «como se había involucrado a COAG-Canarias» en la investigación, idearon desde esta asociación «un expediente falso que fue indicado por Rafael y ejecutado», presuntamente, por el secretario técnico de COAG, Manuel Redondo –también denunciado– y la trabajadora social. De esta forma, hicieron pasar a los diez migrantes «como integrantes del programa, manipulando fechas, firmas, exámenes, etcétera».

Rafael Hernández, insiste la denuncia, «presionó y amenazó» a los dos trabajadores con los que se reunió «diciendo que si no decía eso», se quedarían sin trabajo y que «si el expediente se venía abajo, caería COAG y la asociación», añadiendo que «cómo iba a cargar con eso en el futuro, que sería su culpa, etcétera».

Ambos se negaron y no mintieron ante la Inspección, al contrario, contaron todo lo que conocían sobre este asunto.

Uno de estos técnicos, al regreso de sus vacaciones, fue despedido por Hernández quien, al comunicárselo, reconoció que le había llamado «para mentir ante la autoridad para que no le pillaran a él», expone la denuncia, que además aportó como prueba una grabación de dicha reunión.

El propio presidente de COAG manifestó al trabajador, según su versión, que había utilizado sus contactos para llamar al jefe de Extranjería de la Policía Nacional para pedirle el favor de que le ayudara. Dijo que éste le respondió que iban a poner en el expediente que no era delito, sino una falta administrativa y que iban a hablar con la inspectora de Trabajo para que quedara en nada.

El despedido también habló con Redondo de los inmigrantes ilegales que Hernández se había «llevado de manera irregular a trabajar a la finca» y «del expediente falso que fabricaron». El denunciado le respondió «que cuando Rafael le presentó esta situación, él no quería acceder a hacerlo», pero le «dijo que había sido solamente una vez, y que valorado el perjuicio que se le iba a hacer tanto a COAG como a la asociación, entonces cedió», sostiene en la denuncia. También consta una grabación de esta charla que fue aportada a la Fiscalía.

La denuncia afirma haber acreditado que la utilización de menores para trabajar en las fincas de Hernández se llevaba haciendo desde hacía meses.

La principal preocupación de Rafael Hernández en este delicado asunto de los menores no era la inspección de Trabajo ni las pesquisas iniciadas por la Policía Nacional, sino «quedar mal con su amigo Ángel Víctor Torres».

Fuentes de la investigación dicen que el responsable de COAG-Canarias se jactaba públicamente de tener una relación estrella con el que era presidente canario en la época de los hechos y solía contar que iba frecuentemente a su casa «a predicarle el evangelio» y Torres también acudió en alguna ocasión a la iglesia y a jugar al fútbol con migrantes de su ONG.