La Comunidad de Madrid ultima el reglamento de la Vivienda protegida que verá la luz, previsiblemente, en julio próximo y que pretende reducir la burocracia, y establece nuevos requisitos de empadronamiento para acceder a vivienda pública en régimen de alquiler y de compra. El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, anunció en la Asamblea las novedades de la nueva regulación que busca “fomentar el arraigo de los madrileños” y garantizar que la vivienda protegida beneficie prioritariamente a quienes llevan años residiendo en la región.

Así, entre las principales novedades figura el requisito de empadronamiento. El Gobierno madrileño plantea exigir cinco años de empadronamiento para las viviendas públicas en régimen de alquiler (en un principio se había fijado en 10), aunque este criterio no se exigirá en modelos específicos como residencias de estudiantes o viviendas compartidas. Sin embargo, se exigirán los diez años de residencia acreditada en la región para optar a vivienda pública en régimen de compra. Aunque habrá excepciones. Así, no se exigirá este periodo a quienes, antes de la entrada en vigor del Reglamento hayan suscrito contratos de compraventa u opción de compra, títulos de adjudicación o realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco se aplicará a miembros de cooperativas que ya hubieran desembolsado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda, según ha informado la Comunidad de Madrid.

En los supuestos en los que sí resulte exigible el requisito de empadronamiento, bastará con que lo cumpla uno de los miembros de la unidad de convivencia.

Rodrigo defendió estas medidas durante el pleno de la Asamblea como una herramienta para consolidar el arraigo y garantizar oportunidades a “los hijos de los madrileños”, frente a lo que considera políticas estatales que no priorizan a los residentes históricos.

A todo esto se une la incorporación de la declaración responsable para la calificación definitiva de viviendas y otros trámites administrativos, como el visado de contratos de títulos de acceso. Se trata de una fórmula que permitirá a promotores y adjudicatarios agilizar procedimientos sin esperar largos plazos de validación previa por parte de la Administración, un cambio que el Ejecutivo regional enmarca dentro de su estrategia de simplificación normativa.

El nuevo texto regula de manera expresa las viviendas destinadas a familias numerosas, una tipología que, según reconoció el propio consejero, carecía de desarrollo específico en el reglamento anterior. No obstante, la tramitación del reglamento continúa abierta a aportaciones. Según explicó Rodrigo, el texto aún no es público está “admitiendo enmiendas” y que el reglamento se publicará una vez completado el proceso administrativo.

“Barriada paleta”

El debate sobre el empadronamiento se enmarca en un contexto de creciente tensión política en torno a la vivienda y la inmigración. De hecho, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, reprochó al ejecutivo autonómico que se haya "abolido el derecho de los jóvenes a acceder a una vivienda asequible”. Y a renglón seguido recitó un listado de beneficiados a la vivienda social de Majadahonda, la gran mayoría de apellido extranjero.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defendió la inmigración “integrada y libre” frente a la “empobrecida y dependiente” del PSOE y el “todo lo de fuera es malo” de Vox. "Ustedes lo que quieren es fabricar, una barriada paleta, que no es la Comunidad de Madrid. Lo lamento muchísimo. La izquierda quiere una inmigración empobrecida y dependiente para ser siempre cautiva de su voto. Ustedes directamente están contra todos los inmigrantes y nosotros lo que queremos es que esté integrada, que sea próspera y que sea libre.