Nunca son buenos tiempos para las personas sin hogar, y el último pleno ordinario contó con un debate a colación de los desalojos realizados … en el chalet de Arkaute e Izaskungo Aldapa. En el barrio de Larramendi, presuntos problemas de convivencia llevaron a tomar esta medida contra aquellos que dormían en el pórtico del edificio, en desuso. Durante el propio debate se llegó a afirmar que a los desalojados «se les tiraron» o «se les robaron» las pertenencias, que fue negado por el alcalde, Andu Martínez de Rituerto, asegurando que se les dio la posibilidad de que se los llevaran.

En cambio, en Izaskungo Aldapa, concretamente el mismo día de celebración del pleno, se había desahuciado a personas que se alojaban en un edificio abandonado y en malas condiciones, en riesgo de que se viniera abajo.

Al segundo turno de palabra durante ruegos y preguntas, tomó el micrófono un joven tolosarra, quien acudió a la casa consistorial para denunciar «lo que el Ayuntamiento ha hecho» en estos dos desalojos. Afirmó que, en un momento en el que «la miseria y la pobreza va en aumento y la situación es cada vez más grave», las «posturas reaccionarias tienen cada vez más presencia», también en Tolosa. Bajo la «excusa» de «presuntos problemas de seguridad», están tomando fuerza «aquellos que culpan del empeoramiento de las condiciones de vida a los pobres y a los inmigrantes, y el Consistorio ha comprado completamente este marco».

Para el portavoz, el gobierno municipal «ha preferido sacar a las personas para calmar a unos reaccionarios antes que actuar sobre las verdaderas causas del problema», y aseguró que no ha sido la primera vez que han sucedido hechos bajo argumentos similares, citando el desalojo en las viviendas del paseo de Pamplona –edificio de la entrada principal a la residencia Iurreamendi–. Con todo, remarcó «el precedente que deja el equipo de gobierno» con unas «prácticas» basadas, según el joven denunciante, de «servirse de la represión para criminalizar y perseguir a personas que no tienen hogar».

Finalizando, extrajo tres conclusiones en las que entendió que ni las instituciones ni los partidos políticos «podéis resolver los diversos problemas sociales, ahondáis y empeoráis las condiciones de vida de los trabajadores, y más que un medio para la solución, sois parte del problema».

El alcalde, Andu Martínez de Rituerto, respondió al joven, recordando que no se busca estigmatizar a ningún colectivo, y que esta situación no tiene relación con el sinhogarismo. Explicó que el Ayuntamiento hace un esfuerzo cada año para ayudar a personas en riesgo de exclusión y en situaciones de extrema necesidad –citó Abegi, Zehar Errefuxiatuekin, las ayudas a emergencias sociales, las viviendas sociales y ayudas a través de Servicios Sociales–, pero que «no tiene suficientes recursos para dar una respuesta eficaz, y nos gustaría que fuera mayor».

Martínez de Rituerto confirmó que a las personas desalojadas se les ofreció los servicios sociales, y que algunos de los presentes causaron «problemas de convivencia», mencionando «fuego» y «situaciones de riesgo». La necesidad en situaciones así está en la «cooperación de todos, como sociedad y comunidad, para dar una salida integral al problema, pero el Ayuntamiento solo no puede», e indicó que se estudió la posibilidad, de habilitar treinta literas en invierno para que las personas en situación de sinhogarismo pudieran dormir bajo un techo, pero «no había recursos para gestionarlo». Con todo, añadió que el Consistorio «seguirá trabajando para dar una respuesta digna» a las diferentes necesidades, dentro de sus capacidades, porque Tolosa «es un pueblo «hospitalario».

El joven denunciante replicó señalando que lo que el Ayuntamiento había hecho era «ponerles en unas condiciones de vida peores a unas personas que están en la calle», un hecho que puede tener su efecto indeseado en la inseguridad, pues «se está poniendo un riesgo mayor a personas que se les ha quitado lo poco que tenían».

La preocupación también fue notoria entre los partidos de la oposición. El jeltzale Iker Uson llamó a la realización de un «buen diagnóstico», apuntando que «el problema de la vivienda tiene su repercusión» en el sinhogarismo, e indicó que era necesario que asociaciones tengan viviendas en las que trabajar y acoger dentro del nuevo parque de vivienda. Para EAJ – PNV, «es más barato dar una atención temprana, prevenir, que cronificar situaciones de riesgo», y Uson dijo que los ciudadanos deben saber que el Ayuntamiento «cumple con lo establecido por la ley» en cuestión de servicios sociales y ayuda a personas en situación de riesgo, con «servicios profesionales». Sin embargo, admitió que con el descenso de la calidad de vida y el aumento de personas en riesgo de pobreza, los recursos municipales «no son suficientes».

El socialista Joxe Mari Villanueva, por su parte, explicó que el Ayuntamiento «no compra ningún marco reaccionario», y reiteró en la idea de pedir responsabilidad y hacer un diagnóstico eficaz. Dijo que es un tema «complejo en todos los municipios» al que se busca la solución constantemente, y que en política se cometen errores, «al igual que en el plano personal», animando a los denunciantes a exponer sus propuestas, a las que los partidos políticos se unirán en caso de estar de acuerdo.

Situaciones como esta ponen de relieve la sensibilidad con la que deben tratarse temas afectados por las diferentes ramas de una problemática tan global como cercana.