En una línea similar a la emprendida por parte de la Generalitat de Cataluña, aunque con matices, el Gobierno Vasco ha presentado una enmienda al … real decreto de regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con un objetivo claro: que se «valore» el aprendizaje del euskera y castellano para que los inmigrantes puedan renovar su residencia.

Aunque en ningún caso será un requisto «obligatorio» ni será vinculante, según fuentes consultadas, desde el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que lidera Nerea Melgosa – competente en materia migratoria – se ha impulsado la propuesta de incorporar un nuevo apartado al texto del Gobierno central con el fin de que se «valore» el conocimiento de alguna de las dos lenguas oficiales en Euskadi a la hora de activar la primera renovación de la autorización de residente de inmigrantes «por circunstancias excepcionales única». En el caso del País Vasco, se estima que con el decreto de Sánchez cerca de 20.000 migrantes regularizarán su situación.

En este sentido, la alegación vasca a la que ha tenido acceso este periódico recoge textualmente que «se valorará positivamente la acreditación del inicio del aprendizaje de la lengua o lenguas oficiales del territorio en el que la persona extranjera tenga su residencia habitual». Es decir, se pide que, a la hora de renovar los permisos de residencia, se tenga en cuenta que estas personas están haciendo un esfuerzo por aprender euskera o castellano. Ya que desde Lakua defienden la lengua «como un elemento más de cohesión, de arraigo, de sentido de pertenencia y como herramienta de una mejor y mayor integración y, por tanto, mejor y mayor cohesión social», según ha subrayado este jueves la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.

En la misma línea, fuentes del departamento de Melgosa señalan que desde el Gobierno Vasco «apoyan» el enfoque de Cataluña porque pone el acento en una idea que, dicen, «compartimos plenamente». «La lengua no es un trámite, es una herramienta de autonomía, de empleabilidad, de participación comunitaria y de cohesión social», destacan.

La alegación presentada por parte del Gobierno Vasco, además, también recoge en su literalidad que «las personas titulares de esta autorización dispondrán de un plazo máximo de un año desde su concesión para acreditar su participación en actividades formativas dirigidas al aprendizaje lingüístico». No obstante, desde el departamento de Bienestar precisan que «no es obligatorio» que acrediten el aprendizaje del idioma en estos 365 días para poder renovar su permiso de residencia. «No es restrictivo», zanjan. De hecho, no se plantea tampoco en ningún caso la exigencia de justificar el conocimiento de ninguno de los dos idiomas vía título.

Eso sí, en el texto también señalan que «las Administraciones públicas competentes garantizarán una oferta suficiente, accesible y adecuada de formación lingüística para las personas beneficiarias de esta autorización»