Queda poco más de un mes para que se celebre en Italia el referéndum constitucional para reformar la Justicia. Ante el ajustado resultado vaticinado por … las encuestas, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha optado por subir el tono contra los jueces y presentarlos como el escollo para desarrollar su política de ‘mano dura’ con la inmigración irregular.

Dos controvertidas decisiones de los magistrados han puesto en bandeja esta estrategia para tratar de salvar el referéndum, que se celebrará el 22 y 23 de marzo y que no precisa de un quórum minimo. Los últimos sondeos vaticinan una victoria del ‘sí’ por entre 4 y 5 puntos de ventaja, cuando hace un mes alcanzaba los 15 puntos. La última sentencia polémica vino el miércoles cuando el Tribunal de Palermo anunció que el Estado italiano tendrá que resarcir con 76.000 euros a la ONG Seawatch por bloquear injustamente en junio de 2019 el barco humanitario ‘Sea – Watch 3’ después de que salvara a 42 inmigrantes en el Mediterráneo. La nave, capitaneada por Carola Rackete, no obedeció a la prohibición de entrar en aguas italianas y acabó atracando en Lampedusa.

En las maniobras el barco llegó a tocar con una patrullera de la Guardia de Finanzas. «Los jueces han tomado una decisión que deja literalmente sin palabras», comentó Meloni, quien lamentó que primero absolvieran a Rackete y ahora condenen al Estado a pagar una indemnización por el bloqueo de la ‘Sea – Watch 3’.

La controvertida decisión se produce pocos días después de otra sentencia que también ha molestado mucho al Gobierno. Tiene como protagonista a un migrante argelino condenado en 23 ocasiones por distintos delitos y al que deberá indemnizar con 700 euros por tratar de expulsarle a través de los centros de deportación en Albania. «¿Qué mensaje se intenta hacer pasar con estas decisiones objetivamente absurdas?», dice Meloni, que se pregunta «si el deber de los magistrados es hacer respetar las leyes o premiar a quienes presumen de no hacerlo». A su juicio, existe una «parte politizada de la magistratura» que «hace oposición» para impedir que el Gobierno «combata la inmigración ilegal de masas».