Acusan a un policía de abofetear y patear a dos inmigrantes para obtener información sobre una patera
El agente, desplazado en comisión de servicio a Lanzarote, niega lesiones físicas pero se enfrenta a penas de cárcel
La Razón, , 18-02-2026La
Fiscalía de Canarias
pedirá la próxima semana una
condena de tres años y tres meses de prisión
para un agente de la Policía Nacional al que atribuye
supuestos malos tratos y actos de tortura contra dos inmigrantes recién llegados en patera a Lanzarote. Según el escrito de acusación, el funcionario habría recurrido a la
violencia con el objetivo de obtener información sobre la persona que organizó la travesía hasta la Isla.
El juicio se celebrará el martes en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas. Los hechos se remontan al
1 de enero de 2024
y sitúan la escena en el
Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife, en Lanzarote
, instalación policial en la que los recién llegados permanecen bajo custodia durante un máximo de 72 horas hasta completar su identificación. Ese día, sostiene el Ministerio Público, dos hombres habrían sido agredidos por un agente desplazado en comisión de servicio para reforzar el dispositivo del centro.
De acuerdo con la acusación, e
l policía, identificado por sus iniciales A.B., habría abofeteado con fuerza y con la mano abierta a uno de los inmigrantes mientras lo interrogaba para que revelara quién fletó la embarcación. Con anterioridad, siempre según la Fiscalía,
habría golpeado a otro hombre en el rostro y le habría propinado una patada en la pierna en circunstancias similares.
El escrito sostiene que el acusado actuó con la intención de causar humillación, menosprecio y descrédito a los afectados, generándoles angustia, temor y desconcierto, aunque sin provocarles lesiones físicas. Por estos hechos,
el Ministerio Público califica la primera agresión como un delito de torturas y la segunda como un delito contra la integridad moral
, por los que reclama penas de dos años y de un año y tres meses de prisión, respectivamente.
Asimismo, la Fiscalía solicita la
inhabilitación del agente para empleo o cargo público durante trece años
, una medida que, de prosperar, le impediría ejercer funciones en la Administración durante ese periodo.
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