Valladolid. Año 1992. Un policía nacional solicita a una mujer que se identifique en una estación de tren. El problema surge cuando la mujer, Rosalind Williams, española de origen afroamericano, pregunta al funcionario por qué no pide la identificación también a las dos personas que le acompañan. ¿La clave? Ella es negra. Sus acompañantes, caucásicos. ¿La respuesta del policía? «Su obligación era identificar a personas que, por su apariencia, pudieran estar ilegalmente en el país».

El caso de Rosalind no es el único en el que se pone de manifiesto una realidad en la que una persona es sospechosa simplemente por sus rasgos étnicos o físicos. Sin embargo, por primera vez, una de estas personas tiene la paciencia suficiente como para denunciar el caso, escalar peldaño a peldaño los distintos ámbitos jurisdiccionales y llegar al más alto de todos, el Tribunal Constitucional. La sorpresa llegó cuando, en el año 2001, dicho tribunal dictó sentencia y justificó una práctica policial que establecía los rasgos físicos y étnicos como «indicadores razonables de origen no – nacional de las personas que los tenían».

Apoyo de las ONG

Rosalind quedó desolada y, en gran medida, se sintió derrotada. Sin embargo, con la ayuda de SOS Racismo, Women’s Link Worldwide (WLW) y Open Society Justice Initiative (OSJI), por primera vez «se desafía el control policial basado en características físicas o étnicas ante un Tribunal Internacional», al menos así lo afirman las citadas organizaciones.

James A. Goldston, director ejecutivo de OSJI, considera que «este caso es de gran importancia debido al incremento del escrutinio y de los controles de identidad sobre las minorías raciales y religiosas». Por ello, dijo: «Pedimos al Comité de Derechos Humanos [de la ONU] que aclare que el control de identidad basado en características étnicas/raciales es ilegal».

Por su parte, Viviana Waisman, directora ejecutiva de WLW, señala que «el control de identidad policial discriminatorio no es sólo un error; es una mala política», pues «en muchos casos tiene como resultado el abuso policial y expone a la población más vulnerable, como en el caso de las minorías de mujeres, a situaciones de peligro».

Desde SOS Racismo se tiene la esperanza de que, al elevar esta cuestión a una Corte Internacional, se consiga atraer la atención sobre un problema creciente en España – según un informe realizado por OSJI – y que la ONU ponga en entredicho una práctica que «viola los derechos fundamentales».