De aquellos barros de la regularización masiva de inmigrantes viene este inmenso lodazal en el que está empantanado el Gobierno. Hace más de un año el Ejecutivo socialista decidió, por su cuenta y riesgo, sin firmar un pacto de Estado previo con el principal partido de la oposición y desoyendo los reiterados consejos de Bruselas, otorgar papeles a todos los irregulares que cumplieran una serie de requisitos.

Caldera creyó equivocadamente que no había forma más eficaz de acabar con la inmigración ilegal que vaciar la ingente bolsa de sin papeles para poder partir de cero y poder controlar en el futuro a los ilegales que llegaran, pero la realidad ha superado cualquier previsión. La avalancha de cayucos no se detiene y el Gobierno está desbordado y desorientado.

Coincidiendo con una adecuada propuesta de Rajoy de prohibir por ley las regularizaciones masivas, el Gobierno ha abogado igualmente por un endurecimiento de las políticas de inmigración, asumiendo implícitamente su error y extendiendo la mano al PP para alcanzar un pacto de Estado sobre la materia.

Sin embargo, este discurso está siendo desmentido por los los hechos, lo que merma su credibilidad. La Subdelegación del Gobierno en Barcelona acaba de iniciar un proceso de repesca para regularizar a sin papeles cuya solicitud fue denegada hace un año por no cumplir alguno de los requisitos exigidos. Tales expedientes fueron rechazados porque los inmigrantes no estaban dados de alta en la Seguridad Social o la empresa no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias. En la mayoría de los casos se trataba lisa y llanamente de contratos falsos.

La Subdelegación explica que estos ilegales, alrededor de 4.000, permanecían a la espera de ser regularizados porque ellos no tenían la culpa de su situación. Un pobre argumento que contradice al propio reglamento de Extranjería, que acotaba con claridad el plazo de solicitud, que finalizó el 7 de mayo de 2005.

Esta práctica demuestra que no hay propósito de enmienda por parte del Gobierno en cuanto a mostrarse más firme con la inmigración ilegal, sino que pretende extender, más allá de sus propias normas, los mecanismos de regularización que tan nocivos efectos ha generado. Por tanto, resulta comprensible que el PP ponga en entredicho las propuestas del Ejecutivo y se muestre reacio a aceptar un pacto sobre inmigración.